El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado por el Congreso argentino, ha generado preocupación entre organizaciones ambientales del país. El programa, impulsado por el ultraderechista Javier Milei, busca atraer inversiones extranjeras mediante beneficios fiscales sin precedentes, pero especialistas temen que fomente prácticas extractivistas que dañen recursos naturales y desplacen comunidades locales. Aunque el gobierno lo considera una solución para reactivar una economía en crisis, los críticos alertan sobre la falta de regulaciones ambientales y la amenaza a la soberanía y bienestar locales. Diversos expertos destacan la necesidad de evaluar seriamente los impactos socioambientales y piden resistencia y estrategias judiciales para proteger el medio ambiente y las comunidades afectadas.
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