Portugal ha tardado siete años en endurecer las medidas contra las narcolanchas, embarcaciones de alta velocidad utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico de drogas, las cuales habían operado bajo una legislación permisiva hasta hace poco. La nueva ley, promulgada por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa el 28 de octubre, un día después de la muerte del cabo Pedro Manata e Silva durante una operación antidrogas, impone controles más estrictos sobre la fabricación, propiedad y tripulación de estas embarcaciones, y establece penas de prisión para quienes la transgredan. El cambio legislativo intenta contrarrestar el desvío de las operaciones de tráfico marítimo hacia la costa portuguesa tras la prohibición española de 2018 de las embarcaciones rígidas de alta velocidad para uso privado, lo que convirtió al país en un punto clave para la logística del narcotráfico.
El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, calificó esta ley como un «gran paso» contra la delincuencia organizada, mientras que fuentes del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) advirtieron sobre un posible desplazamiento de las mafias hacia otras regiones como Francia o Marruecos. En una operación conjunta en julio, las fuerzas de seguridad desmantelaron una vasta estructura narcologística en la península ibérica, incautando 18 embarcaciones y ocho toneladas de droga. A pesar de las tensiones políticas previas, el Gobierno portugués, liderado por el primer ministro de centro derecha, Luís Montenegro, finalmente sacó adelante la normativa gracias al apoyo de los partidos de derecha en la Asamblea de la República, reflejando la creciente urgencia y cooperación internacional para enfrentar este fenómeno delictivo.
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