La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado una histórica ley de amnistía que beneficia a presos políticos condenados por eventos ocurridos entre 2002 y 2025. La legislación, que recibió el apoyo unánime de los parlamentarios, excluye a quienes hayan participado en delitos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, homicidio intencional, tráfico de drogas, y aquellos instigadores de acciones armadas contra el país. Esta medida se enmarca en un esfuerzo por solucionar las tensiones políticas en el país, tras años de crisis y protestas sociales.

La amnistía no solo abarca a quienes cometieron «faltas» durante anteriores episodios de crisis, como el golpe de Estado de 2002 y las protestas de 2014 y 2024, sino que también crea un mecanismo para su implementación. Una comisión especial de 23 diputados, que incluye tanto a opositores como a chavistas, supervisará el cumplimiento de la ley, que se espera sea firmada y publicada en la Gaceta Oficial. Según la legislación, aquellos que deseen beneficiarse de la amnistía deberán presentarse ante los tribunales, con un proceso que se adaptará incluso para quienes se encuentren fuera del país. La ONG Foro Penal ha señalado que actualmente hay 644 presos políticos en Venezuela, en un contexto de recientes excarcelaciones iniciadas por el gobierno encargado.

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