El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha recibido en la Real Casa de Postas de Madrid a una representación de trabajadores a quienes agradeció su “enorme labor al servicio de los ciudadanos”, al referirse a un nuevo recurso público y gratuito. En sus palabras, destacó que “hoy damos un paso más para que los madrileños con algún tipo de discapacidad puedan acceder y participar en estos procesos en condiciones de plena igualdad, por lo que desde el Gobierno regional nos sentimos profundamente orgullosos de ello y de todos vosotros”.
La Comunidad de Madrid se erige así en la primera región de España en formalizar legalmente este recurso público y gratuito tras la aprobación del decreto correspondiente el pasado 8 de mayo. Esta iniciativa forma parte de la estrategia global del gobierno regional para proporcionar más y mejores medios en este ámbito. “Así se avanza hacia una Administración de Justicia cada día más cercana y accesible a todos los ciudadanos, sobre todo los más vulnerables”, subrayó el consejero.
Dentro del Protocolo de Asignación de Peritos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Ejecutivo autonómico ha incluido la designación de facilitadores, excepto cuando la persona con discapacidad sea víctima. En tal caso, será atendida por empleados públicos de las 21 Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito que cuentan con la formación necesaria para desempeñar esta función.
La responsabilidad principal de estos facilitadores será evaluar las necesidades específicas de apoyo que requieren los ciudadanos con discapacidad. Este apoyo se enfocará en explicar de manera adaptada el procedimiento judicial que les afecte, los lugares donde se desarrollarán los actos y las personas que participarán en el mismo. Tras esta evaluación, se elaborará un informe individualizado que será remitido al órgano judicial y a los operadores involucrados.
Además, los facilitadores acompañarán y asistirán a las personas con discapacidad a lo largo de todo el proceso judicial, con el objetivo de asegurarse que comprendan las preguntas que se les formulan, el contenido de las resoluciones y toda la documentación generada. Esta medida es un paso significativo hacia la inclusión y la accesibilidad en el ámbito de la justicia, garantizando que todos los ciudadanos, independientemente de sus capacidades, cuenten con un apoyo adecuado para navegar por el sistema judicial.
