Las tensiones diplomáticas entre México y Perú han alcanzado un nuevo punto crítico con la decisión de la Cancillería peruana de mantener en suspenso el salvoconducto para Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, quien se encuentra refugiada en la embajada mexicana en Lima. Chávez, acusada de participar en el autogolpe de diciembre de 2022, recibió asilo de México, pero el gobierno peruano se resiste a permitir su salida del país. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú anunció que consultará con los países miembros de la OEA antes de proceder, argumentando que ha habido un uso indebido de la Convención de Caracas de 1954. Según la Cancillería, esta norma no debe ser utilizada para evadir la justicia en casos de delitos comunes presentados como persecución política.
La situación se ha agravado con la reciente declaración de persona non grata a Claudia Sheinbaum por parte del gobierno peruano, lo que llevó a la ruptura formal de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, deterioradas desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte tras el autogolpe de Castillo. Perú busca modificar la Convención de Caracas para evitar lo que considera un mal uso del derecho de asilo. Mientras tanto, Betssy Chávez seguirá en la embajada mexicana hasta que se decida el otorgamiento del salvoconducto. José Jerí, presidente de Perú, ha iniciado consultas con la OEA para proponer una reforma que garantice el respeto a la ley en las Américas. La encargada de la embajada de México en Perú, Karlas Ornelas, fue expulsada, sumando más tensión a la ya complicada relación entre ambos países.
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