El Ayuntamiento de Palma ha dado un paso decisivo en su estrategia para regular el impacto del turismo en la ciudad. En una reunión reciente del consejo de la Gerencia de Urbanismo, se aprobó la prohibición total de nuevas plazas de alojamientos turísticos en viviendas en todo el municipio, una medida que busca frenar la expansión descontrolada del alquiler vacacional y proteger la convivencia vecinal en los barrios.
La decisión, anunciada por el concejal de Urbanismo, Óscar Fidalgo, implica la declaración de Palma como una “zona única”, donde la comercialización de estancias turísticas en edificios plurifamiliares ya estaba limitada desde 2018, pero ahora se refuerza con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2023. La actualización elimina cualquier previsión de crecimiento en este sector, suprimiendo alrededor de 374 plazas potenciales, repartidas entre la ciudad y el suelo rústico, y prohíbe la transferencia de plazas existentes a diferentes municipios.
Actualmente, Palma cuenta con 4.473 plazas de alquiler turístico en 632 inmuebles, distribuidas en zonas urbanas, Playa de Palma, Can Pastilla y en suelo rústico. Con la nueva normativa, se garantiza que esta cifra no solo no aumente, sino que se inicie un proceso de decrecimiento progresivo a medida que las plazas existentes se cancelen de forma definitiva. La intención es que la reducción natural de las plazas vacantes contribuya a recuperar la habitabilidad de los barrios y aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario.
Dentro de la estrategia municipal, estas medidas se complementan con otras acciones como la suspensión en la apertura de nuevos albergues turísticos, la petición formal a la Autoridad Portuaria de Baleares para prohibir los llamados ‘partyboats’ en el Paseo Marítimo y un aumento en la vigilancia policial en zonas concurridas, especialmente en Playa de Palma. Todo ello apunta a un esfuerzo coordinado por limitar la masificación y los efectos negativos del turismo de masas.
Sin embargo, uno de los temas más controvertidos sigue siendo la existencia de viviendas turísticas ilegales. Aunque difícil de cuantificar, las cifras oficiales revelan un incremento significativo en las licencias de alquiler turístico en Baleares, que aumentaron un 165% entre 2015 y 2023. Aunque este tipo de alquiler representa un porcentaje menor respecto a la problemática del mercado de vivienda, su impacto en la convivencia y en la expulsión de residentes de los barrios es innegable, según reconocen las autoridades.
El grupo político Más por Palma ha manifestado su respaldo a la prohibición, calificándola como una demanda ciudadana que ha sido impulsada durante años, aunque también ha señalado que la medida llega “tarde” y no es lo suficientemente ambiciosa. La portavoz, Neus Truyol, criticó duramente a partidos como el Partido Popular (PP), que ha sido históricamente reacio a limitar el alquiler turístico en la ciudad. Según Truyol, el PP ha votado en contra de medidas restrictivas en el pasado y ha priorizado intereses lucrativos, dejando a muchos vecinos expulsados o con dificultades para acceder a vivienda digna.
La oposición también señala que la medida, aunque positiva, representa solo un pequeño avance frente a un problema que requiere de acciones más drásticas. El informe oficial que respalda la normativa confirma que el alquiler turístico incrementa los precios de la vivienda y provoca daños medioambientales, situaciones que consideran un “modelo insostenible”. Desde las distintas voces políticas y sociales, la tendencia es clara: se busca un equilibrio que priorice la calidad de vida de los residentes frente al impacto del turismo de masas, que en Palma ha generado protestas y un creciente malestar social, como se pudo evidenciar en las recientes manifestaciones contra el turismo en Mallorca.
La normativa aprobada marca, en definitiva, un cambio de rumbo en la gestión urbana y turística de Palma. La ciudad intenta ahora estabilizar su mercado residencial y mantener la cohesión social frente a los efectos de un crecimiento que algunos consideran desmedido. La próxima etapa será dar cumplimiento a estas restricciones, vigilando el cese de plazas existentes y ajustando las políticas para que el turismo sirva a la ciudad sin desintegrar su esencia y convivencia.
