En una significativa sesión celebrada el 7 de abril de 2026, el Consejo de Ministras y Ministros de España ha dado un paso histórico al aprobar el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Ministerio de Sanidad, busca consagrar constitucionalmente el derecho prestacional a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el país.
El proyecto de reforma nace de un acuerdo previo adoptado por el Gobierno en octubre de 2025, que llevó a solicitar un dictamen preceptivo al Consejo de Estado, recibido el pasado mes de marzo. El documento incorpora recomendaciones de esta entidad consultiva, proponiendo añadir un nuevo apartado al artículo 43. Este nuevo texto establece que «los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio».
Este paso no solo reafirma la intención del gobierno de proteger la libertad de decisión de la mujer, ya amparada por los artículos 10.1 y 15 de la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino que también se alinea con el artículo 9.2 de la Carta Magna. Busca, en esencia, asegurar la igualdad en el acceso al derecho a la IVE en todo el territorio español.
El camino legislativo que sigue ahora la reforma requiere un respaldo considerable en las cámaras legislativas. Según lo previsto en el artículo 167 de la Constitución, será necesaria la aprobación por una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. En caso de desacuerdo, se contempla la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado que podría proponer un nuevo texto. Si este tampoco lograse consenso, podría ser aprobado con una mayoría de dos tercios en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.
Con esta reforma constitucional, España refuerza su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres, avanzando hacia la autodeterminación y la igualdad efectiva en el ámbito de la salud reproductiva. Este cambio legislativo pone de manifiesto la voluntad del país de colocarse entre las naciones europeas más avanzadas en la salvaguardia de los derechos femeninos, resistiendo cualquier dinámica que pudiera retrasar los avances conseguidos. Así, el gobierno español reafirma su determinación de garantizar un entorno sanitario adecuado para todas las mujeres que ejercen su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Fuente: Ministerio de Sanidad
