Israel Vallarta, detenido hace casi 20 años sin sentencia, podría enfrentar un cambio en su situación de prisión preventiva después de que un tribunal ordenara revisar su caso. La Defensoría Pública y la ONU han pedido medidas cautelares alternativas debido al deterioro de su salud, atribuido a las condiciones en el penal de Almoloya de Juárez y a las torturas sufridas en el pasado. La jueza de la causa, Marina Vieyra, debe citar a una audiencia para valorar el estado actual del caso, siempre que la Fiscalía General de la República no impugne la decisión. Este desarrollo se produce tras diferentes medidas provisionales otorgadas por el Comité contra la Tortura de la ONU.

El prolongado proceso judicial de Vallarta fue marcado inicial y mediáticamente por un operativo de la Agencia Federal de Investigación que resultó ser un montaje televisivo, lo que llevó a la Suprema Corte a liberar a Florence Cassez, detenida junto con Vallarta. Sin embargo, Vallarta sigue en espera de justicia. La Defensoría Pública insiste en que la aplicación de medidas alternativas es imprescindible dado su deterioro físico y mental. Aunque su caso está en la etapa final, la petición es que la Fiscalía no obstaculice el proceso para avanzar en camino hacia la justicia, lo cual podría establecer un precedente significativo en la lucha por los derechos humanos en México.

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