Durante su gestión como consejera de Salud, la funcionaria implementó un significativo ajuste en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), reduciendo 7.773 puestos de trabajo. Esta medida formó parte de un plan más amplio que incluyó la fusión de hospitales como estrategia para disminuir gastos. Sin embargo, estas acciones provocaron controversia, generando críticas tanto de profesionales del sector salud como de la Cámara de Cuentas, que cuestionaron la efectividad y el impacto de tales recortes.
El proceso de fusiones hospitalarias fue particularmente polémico, ya que buscaba racionalizar recursos en un contexto de restricciones presupuestarias sin comprometer la calidad de la atención sanitaria. No obstante, los profesionales de la salud expresaron preocupaciones sobre la posible sobrecarga de los centros fusionados y la calidad del servicio, lo que desencadenó debates sobre la sostenibilidad del sistema sanitario bajo tales condiciones. La Cámara de Cuentas también señaló posibles deficiencias en la planificación y ejecución de estas medidas, generando un clima de desconfianza y exigencia de rendición de cuentas.
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