La Guardia Civil ha anunciado la desarticulación de una trama de corrupción medioambiental que involucra a varias personas dentro del sector de las energías renovables en España. La operación, conocida como Perserte, ha culminado en la detención de seis individuos y en la realización de doce registros en diferentes localidades, diez en Madrid y dos en Zaragoza. La acción forma parte de una investigación en curso que apunta a delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El foco de la investigación se centra en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), un requisito fundamental para la autorización de proyectos de parques eólicos y solares. Se sospecha que una persona con responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pudo haber influido de manera irregular en la emisión de resoluciones ambientales que facilitaban la aprobación de ciertos proyectos. Estos presuntos actos ilícitos habrían beneficiado a un grupo empresarial dedicado a la generación de energías renovables, especialmente en la provincia de Teruel.
Las indagaciones revelan que la figura exfuncionario, actualmente bajo sospecha, podría haber actuado a cambio de una contraprestación económica. Para enmascarar el origen del dinero, los investigados habrían utilizado varias sociedades intermedias, y presuntamente, contaron con la colaboración de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a estas operaciones. Todo esto con el objetivo de garantizar la clandestinidad de las transacciones y eludir el control regulatorio.
Asimismo, la investigación también se ha centrado en el análisis del procedimiento ambiental de los proyectos. En este sentido, se evalúa si en la tramitación se consideró de forma adecuada el posible impacto sobre el entorno, incluyendo aspectos como la afección sobre la avifauna y los quirópteros, los efectos en el paisaje y la alteración de hábitats, además de la incidencia en los usos del suelo en la zona afectada.
El proceso aún está abierto y no se descartan nuevas diligencias o detenciones en el transcurso de las investigaciones, que continuarán profundizando en la complejidad del caso. La operación ha sido liderada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, bajo la supervisión del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de la provincia.
Estas actuaciones ponen de manifiesto la creciente demanda de transparencia y control en los procesos de evaluación ambiental, especialmente en un contexto donde la transición energética es un asunto prioritario y altamente vigilado por la sociedad y las instituciones. La Guardia Civil continúa apostando por la investigación y la sanción de conductas que puedan poner en riesgo el equilibrio ecológico y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Fuente: Ministerio del Interior
