El presidente de Argentina, Javier Milei, ha decretado la prórroga del presupuesto nacional vigente para el año 2025, permitiendo así manejar discrecionalmente los recursos públicos sin necesidad de intervención parlamentaria. Esta será la segunda vez consecutiva que el país opera sin una ley presupuestaria debatida y aprobada por el Congreso. A pesar de haber presentado su propuesta presupuestaria en septiembre, la falta de apoyo, particularmente de las gobernaciones provinciales, impidió su avance. Las provincias han demandado mayor coparticipación de impuestos y el pago de deudas previsionales, pero el Gobierno ha mantenido su postura, rechazando incrementos de gastos o subidas de impuestos. La medida de prórroga, considerada un retroceso institucional por organismos como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, se enmarca en el polémico enfoque de Milei de mantener un superávit fiscal rígido que prioriza la austeridad.
La oposición critica la concentración de poder que conlleva la medida, señalando que Milei busca manejar las finanzas a su antojo. Representantes de diferentes partidos han acusado al presidente de evitar un acuerdo presupuestario formal para ejercer control absoluto sobre los recursos del Estado, insinuando que actúa con intenciones monárquicas. Además, la Asociación Argentina de Presupuesto ha señalado la repetida extensión presupuestaria como un indicativo de la incapacidad de alcanzar acuerdos fundamentales en la gestión del Gobierno. Este contexto se desarrolla en un país que enfrenta una significativa inflación, lo que podría agravar las tensiones entre las diferentes jurisdicciones del país y el Ejecutivo nacional en su manejo de los recursos públicos.
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