Hawái se ha convertido en un laboratorio de vigilancia vial en tiempo real. El estado norteamericano ha repartido 1.000 dashcams —cámaras instaladas en el parabrisas— a conductores voluntarios. Es el programa “Eyes on the Road”, una iniciativa que combina vídeo y algoritmos de inteligencia artificial para vigilar el estado de las carreteras… y también cómo conducen las personas.

La pregunta cae por su propio peso: si funciona allí, ¿cuánto tardarán organismos de tráfico de otros países, como la DGT en España, en interesarse por algo parecido?

Qué está haciendo exactamente Hawái

Las cámaras, conectadas al móvil del conductor, graban el tráfico y envían las imágenes a una plataforma central. Allí, sistemas de visión por computador analizan fotograma a fotograma buscando:

• Baches, grietas y desperfectos en el asfalto.
• Guardarraíles dañados.
• Señalización horizontal desgastada.
• Vegetación que invade el arcén o tapa señales.

Con esa información, el departamento de transporte puede priorizar reparaciones y organizar mejor el mantenimiento. Además, los conductores participantes pueden descargar fragmentos concretos de vídeo y remitirlos a la policía si presencian conducción temeraria o episodios de road rage.

En la práctica, cada coche se convierte en un pequeño vehículo de inspección y vigilancia.

Lo que esto inspira… y lo que preocupa

Sobre el papel, la idea tiene ventajas evidentes:

• Permite detectar problemas en la carretera antes de que se conviertan en un riesgo grave.
• Aporta pruebas visuales en caso de accidente o infracción.
• Reduce la necesidad de enviar vehículos oficiales a revisar tramos completos.

Sin embargo, también abre la puerta a un escenario de vigilancia casi permanente. Aunque Hawái insiste en que solo se aprovecha la cámara frontal y no se graba el interior del vehículo, el potencial de estos sistemas es enorme: reconocimiento de matrículas, análisis de velocidad media, identificación de comportamientos “anómalos” e incluso patrones de movilidad de personas concretas.

Ahí es donde empiezan las dudas: ¿quién controla los datos?, ¿durante cuánto tiempo se guardan?, ¿podrían usarse para otros fines más allá del mantenimiento de la vía?

¿Podría la DGT copiar el modelo?

En España, la Dirección General de Tráfico ya utiliza una combinación de cámaras fijas, radares de tramo, helicópteros y drones para vigilar la red viaria. Incorporar un sistema similar al de Hawái sería, técnicamente, el siguiente paso lógico: convertir a miles de conductores en sensores distribuidos, alimentando con vídeo un gran sistema centralizado.

Un programa así podría servir para:

• Detectar de forma automática puntos negros, baches y señales en mal estado.
• Localizar rápidamente obstáculos, desprendimientos o manchas peligrosas.
• Documentar conductas extremas, como adelantamientos suicidas o carreras ilegales.

Pero también plantearía un debate político y social de primer nivel. En un país donde ya existen cámaras de seguridad en casi cada esquina urbana, sumar miles de dashcams con apoyo institucional podría interpretarse como un salto cualitativo hacia una sociedad hipervigilada.

Tres riesgos claros de importar la idea sin matices

1. Normalizar la vigilancia entre particulares
   Si se anima a la ciudadanía a grabar de forma sistemática lo que ocurre en la carretera para luego compartirlo con la administración o la policía, la frontera entre colaboración y delación se vuelve difusa. No es lo mismo denunciar una infracción grave puntual que participar en un sistema continuo de captación de imágenes.
2. Deriva de uso de los datos
   Un programa nacido para mejorar el asfalto podría acabar sirviendo para mucho más: desde controlar el pago de peajes hasta cruzar matrículas con bases de datos de morosos o perseguir otras conductas no relacionadas con la seguridad vial. La experiencia demuestra que, cuando existe un gran archivo de datos, siempre aparece una nueva “buena razón” para explotarlo.
3. Brechas de seguridad y filtraciones
   Cuanto más masivo es el volumen de información, más atractivo resulta para ciberdelincuentes. Imágenes de matrículas, recorridos habituales, horarios… todo ello tiene valor si cae en manos equivocadas. Cualquier proyecto de este tipo necesitaría garantías máximas de cifrado, anonimización y borrado periódico.

Lo que sí podría hacer Tráfico… con cuidado

Que el modelo genere dudas no significa que haya que descartarlo por completo. Un enfoque más equilibrado podría pasar por:

• Programas piloto muy limitados, por ejemplo solo para control de firme en determinados tramos, con un número reducido de vehículos bien controlados y sin acceso policial automático a las imágenes.
• Anonimización agresiva: difuminado automático de matrículas y personas, eliminación de cualquier referencia al interior del vehículo y tiempos de conservación muy cortos.
• Separación estricta de usos: una cosa es el mantenimiento de infraestructuras y otra, muy distinta, la persecución de infracciones. Mezclar ambos objetivos en el mismo sistema es el camino más rápido hacia la desconfianza ciudadana.

La tecnología que se está probando en Hawái demuestra que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta útil para mantener carreteras más seguras y mejor conservadas. Pero también recuerda que cada nueva capa de datos y cámaras tiene un coste en términos de privacidad, confianza y modelo de sociedad.

Si en algún momento la DGT o cualquier otro organismo español decide experimentar con algo similar, el debate no debería centrarse solo en cuántos baches se arreglarán, sino en qué tipo de relación quiere mantener el Estado con quienes conducen por sus carreteras: ciudadanos que colaboran… o ciudadanos a los que se vigila.

vía: notebookcheck y DOT