La reciente propuesta del Gobierno español para regularizar a medio millón de inmigrantes ha desatado un intenso debate político, particularmente en un contexto electoral donde la ultraderecha ha aprovechado la situación para elevar su discurso xenófobo. Vox ha intensificado sus ataques al considerar que esta medida representa una amenaza a las costumbres españolas y fomenta la “sustitución” de la población autóctona. El Partido Popular, que en el pasado apoyó iniciativas similares, ha cambiado de rumbo bajo la presión de Vox, alineándose con un discurso que asocia la inmigración con la delincuencia y propone restricciones basadas en el origen geográfico de los solicitantes de visado, evidenciando así un cambio en su estrategia política hacia una postura más radical.

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez busca consolidar su imagen como un líder progresista al promover la regularización, una acción que también satisface a sus socios de izquierda. Con la medida, el Gobierno se posiciona como un referente en un escenario internacional marcado por la falta de empatía hacia los migrantes, contrastando con políticas más restrictivas como las de la administración Trump. Sin embargo, el escenario electoral en España es incierto, con un PSOE que muestra señales de debilidad frente a un PP en ascenso y cada vez más influenciado por Vox. Las próximas elecciones son fundamentales para analizar cómo esta dinámica impactará no solo en el panorama político, sino en los derechos de los inmigrantes, cuya regularización debería estar por encima de las luchas partidistas.

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