El Gobierno de Colombia ha generado controversia al contratar a una microempresa británica, Amadeus Consultancy, para asesorar la salida del presidente Gustavo Petro de la lista de sanciones de Estados Unidos. Esta consultora, que reporta activos de solo 57.000 libras esterlinas, recibió un contrato por más de 10.000 millones de pesos (aproximadamente 2,7 millones de dólares) por sus servicios de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional. Este contrato surge después de que la OFAC incluyera a Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico. La polémica se intensifica por la elección de una firma pequeña en lugar de un gran bufete establecido en Estados Unidos, además del abultado pago en comparación con su patrimonio.
Amadeus Consultancy, propiedad de la abogada británica de origen ucraniano Maryna Pogibko, operará desde Inglaterra. El contrato estipula que no se encargará de la representación judicial directa, sino de la elaboración de informes y análisis de riesgo institucional. A pesar de su tamaño reducido y un patrimonio que ha disminuido drásticamente en los últimos años, la firma fue seleccionada por contratación directa sin un proceso competitivo abierto, según explica Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre. La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar para determinar si es necesario llevar a cabo una investigación disciplinaria sobre el proceso. Mientras la polémica persiste, el contrato firmado avanza sin exigencias de garantías financieras por la ejecución fuera del país.
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