El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de un propietario que solicitaba una indemnización de 425,52 euros al Estado por la limitación del aumento de la renta del alquiler a un 2%, impuesta por un decreto para mitigar el impacto económico de la guerra en Ucrania. La sentencia señala que el reclamante, al que se le impusieron costas de hasta 4.000 euros, argumentaba que esta limitación le había ocasionado daños económicos. Según su línea de razonamiento, la renta que debería haber actualizado habría sido de 1.013,13 euros, pero la norma le permitió aumentarla solo a 977,67 euros, causando una pérdida mensual de 35,46 euros.

Sin embargo, el Tribunal argumenta que no hay fundamentos suficientes para considerar el daño como «efectivo», sino más bien «hipotético», ya que no se probó que los inquilinos hubieran aceptado el incremento del 5,7% en la renta. Los magistrados sugieren que, ante tal subida, los arrendatarios podrían haber decidido no renovar el contrato, lo que invalidaría la reclamación. Así, el tribunal desestimó la demanda y condenó al propietario a pagar las costes del proceso, reflejando que los argumentos presentados no cumplían con los criterios establecidos para la responsabilidad patrimonial del Estado.

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