La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo una investigación sobre su exesposo, Carlos Torres, por presunto tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero. Esta investigación surge luego de que, en mayo del año pasado, las autoridades estadounidenses retiraran las visas tanto de Ávila como de Torres tras una denuncia anónima. Durante una conferencia de prensa, Ávila expresó confianza en que la FGR realizará una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Los informes señalan que Torres, presuntamente, recibía pagos de Pedro Ariel Mendivil García, exsecretario de Seguridad de Mexicali, para permitir actividades del Cartel de los Rusos, una facción del Cartel de Sinaloa, en Baja California.
Carlos Torres, en reacción a las acusaciones y la investigación en curso, dejó sus actividades políticas afirmando que el proceso en su contra carece de fundamentos sólidos y se basa en una denuncia anónima. Según los informes, una red liderada por el hermano de Torres, Luis Alfonso, estaría involucrada en extorsiones, tráfico de armas y lavado de dinero, canalizando fondos ilícitos a través de empresas y apoyos políticos. Las indagaciones también apuntan al presunto involucramiento de otros altos funcionarios, ampliando el alcance del caso. Este escándalo no solo pone en entredicho a los implicados directos, sino que también cuestiona el clima político y la integridad institucional en Baja California.
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