El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, dio a conocer en Valdebebas los resultados del primer año de implementación de la normativa que permite la conversión de parcelas o edificios de oficinas en viviendas de protección en régimen de alquiler. Esta medida, planeada inicialmente para dos años, ha evitado la necesidad de modificar el planeamiento urbanístico del municipio, recurriendo únicamente a la emisión de la licencia correspondiente.
Durante este primer año, se han solicitado licencias para construir 3,679 viviendas. Además, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) ha informado de proyectos para 4,721 viviendas adicionales, alcanzando un total de 8,400, que se espera beneficien a más de 20,000 personas.
El desglose del proyecto muestra que en Madrid se construirán la mayoría de las viviendas, con 2,968 previstas. En Valdebebas, ya se han concedido 685 licencias y hay otras 1,953 en trámite. San Sebastián de los Reyes, Arroyomolinos y Navalcarnero también figuran entre las localidades con solicitudes, con 571, 60 y 80 peticiones respectivamente.
Carlos Novillo destacó el éxito de la normativa, señalando que 170 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid ya se han acogido al programa. El efecto positivo de esta regulación ha impulsado a otras comunidades autónomas, como Andalucía, Extremadura, Murcia y Baleares, a adoptar medidas similares, demostrando el liderazgo de Madrid en el sector.
En un esfuerzo por facilitar la identificación de parcelas que pueden ser objeto de cambio de uso, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha lanzado un visor web a través de la Dirección General de Urbanismo. Hasta el momento, se han identificado 2,238 parcelas en distintas localidades. Si se promueve la aplicación de la Ley 3/2024 de Medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, podrían generarse 37,451 hogares. El acceso a esta herramienta se ofrece a través del Portal del Suelo 4.0 en la web de la Comunidad de Madrid.
Esta iniciativa refleja un enfoque innovador para abordar la demanda de viviendas protegidas, simplificando procesos administrativos y utilizando recursos existentes para satisfacer necesidades habitacionales urgentes.
