La proposición de ley del PSOE para crear una “pasarela al RETA” desata una fuerte polémica entre profesionales liberales. La medida podría suponer el fin del sistema de mutualidades a partir de 2027.
El sistema de pensiones para profesionales liberales en España podría estar ante uno de los mayores cambios normativos de su historia. A finales de 2024, el Gobierno presentó una proposición de ley que permite a los mutualistas —profesionales colegiados que cotizan a mutualidades privadas en lugar del régimen general de autónomos (RETA)— traspasarse al sistema público bajo determinadas condiciones. Pero lo que parecía una respuesta a un problema puntual se ha convertido, según numerosos colectivos, en una amenaza existencial para todo el modelo de previsión alternativo.
El fin de la libertad de elección
La polémica se ha intensificado tras conocerse que la misma proposición de ley contempla la eliminación progresiva de las mutualidades de previsión social como alternativa al RETA a partir de 2027. Esto significa que los nuevos abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros o médicos colegiados ya no podrían optar por cotizar a una mutualidad, sino que estarían obligados a inscribirse en el régimen general de autónomos.
Hasta ahora, los profesionales colegiados podían decidir entre el RETA y las mutualidades, lo que les permitía ajustar sus aportaciones en función de sus circunstancias personales y optar por planes de ahorro complementarios, como fondos de inversión, inmuebles o seguros privados.
La nueva normativa, sin embargo, elimina esta flexibilidad: la cotización mínima para mutualistas se equiparó ya en 2023 al 80 % de la que correspondería en el RETA, y la eliminación total del modelo alternativo está prevista para dentro de dos años. Esto ha encendido las alarmas entre quienes consideran que se atenta contra la libertad de elección y el diseño de sus propios planes de jubilación.
Un movimiento con origen en una minoría
La iniciativa legislativa tiene su origen en las quejas de un colectivo minoritario de abogados y procuradores que, tras años de bajas aportaciones, han descubierto que sus pensiones serán notablemente inferiores a las del sistema público. Pese a haber sido informados desde el inicio de que una menor contribución conlleva una prestación inferior, estos profesionales han presionado para acceder ahora al RETA con el fin de obtener pensiones más elevadas.
Este cambio, aunque inicialmente pensado para resolver su situación, amenaza con desmantelar todo el ecosistema de mutualidades, afectando a decenas de miles de profesionales que han gestionado su previsión social de forma responsable y planificada.
División política y oposición creciente
Actualmente, la proposición de ley se encuentra en fase de enmiendas, sin un consenso político claro. El Partido Popular se ha mostrado contrario al texto, mientras que Vox y Junts han expresado su apoyo a mantener la libertad de elección entre mutualidades y RETA.
Mientras tanto, han surgido movimientos de resistencia civil. La plataforma Mutualistas por el Futuro agrupa ya a cientos de profesionales en toda España y ha lanzado una campaña de recogida de firmas en defensa del modelo de previsión social alternativo. Su objetivo: detener la tramitación de una ley que, en su opinión, “destroza la previsión individual y profesional” de miles de autónomos colegiados.
“Estamos ante una regresión de derechos. Esta reforma obliga a cotizar cada vez más, con el riesgo de recibir a cambio una pensión futura más baja y sin la posibilidad de gestionar nuestros propios ahorros”, señalan desde la asociación.
Un modelo con luces y sombras
Si bien es cierto que el modelo mutualista ha sido aprovechado en algunos casos para reducir drásticamente las aportaciones, generando futuras pensiones bajas, también lo es que una gran parte de los mutualistas han complementado su jubilación con inversiones, inmuebles u otros planes de previsión.
Por ello, expertos en economía y fiscalidad alertan de que un cambio drástico como el planteado no puede hacerse sin un análisis profundo de su impacto en el tejido profesional del país.
El trasfondo económico: más recaudación para la Seguridad Social
Según algunos analistas, el trasfondo de la reforma es puramente recaudatorio. Con la nueva normativa, el Estado incrementa su control sobre las cotizaciones de los profesionales independientes, integrando a más trabajadores en el sistema público y asegurando una base contributiva más alta.
Este movimiento sigue la misma lógica que los recientes cambios en el RETA, donde los autónomos han pasado de decidir libremente su base de cotización a tenerla vinculada a sus ingresos reales. Muchos autónomos denuncian que ahora pagan más de un 35 % de sus ingresos, sin que ello se traduzca en una mejora significativa de sus prestaciones.
Una reforma con riesgo político y social
Mientras la proposición de ley continúa su tramitación parlamentaria, los mutualistas siguen movilizándose. El debate está servido: ¿debe imponerse una solución única para todos los profesionales, o se debe preservar la libertad de elección?
Con un sistema público de pensiones en entredicho por el envejecimiento poblacional y la sostenibilidad financiera, muchos profesionales consideran que blindar las alternativas privadas —como las mutualidades— debería ser una prioridad, no una amenaza.
🔗 Firma la petición en Change.org para defender la libertad de elección
vía: Hilo de Twitter X
