La presidenta de Barcelona Comú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha declarado que su partido no negociará con el gobierno municipal mientras continúen los desahucios en tres edificios municipales ocupados en el barrio de Vallcarca. Sanz ha manifestado que estos desalojos representan un «punto de inflexión» y ha advertido que sin una paralización inmediata de los mismos, no habrá acuerdos en áreas clave como modificaciones de crédito o planes urbanísticos. Esta postura se mantiene tras el intento fallido de desalojo voluntario, donde una protesta masiva impidió que los afectados se marcharan, forzando al Consistorio a dirigirse a la vía judicial.

El tema de la vivienda ha sido subrayado por Sanz como la principal preocupación de los barceloneses, criticando al gobierno municipal por actuar en contra de los intereses de sus ciudadanos. Según organizaciones vecinales, en las fincas afectadas residen 40 personas, incluyendo 13 menores. El alcalde Jaume Collboni defiende los desalojos debido a la presunta situación de infravivienda de las propiedades, algo que los ocupantes niegan. Paralelamente, Daniel Sirera, del Partido Popular, ha instado al alcalde a cumplir con la ley y no sucumbir a la presión de los comunes, reafirmando su postura sobre la necesidad de ejecutar los desalojos previstos.

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