Muchas familias víctimas de ETA se refugiaron en Madrid tras perder a seres queridos o sufrir atentados, buscando una nueva vida. La ley de 2018 de la Comunidad de Madrid, que ofrecía indemnizaciones a víctimas del terrorismo, excluyó a muchas debido a requisitos de empadronamiento. Tres años después, se modificó la ley para eliminar esta exigencia para víctimas de otras regiones. Sin embargo, según el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), sigue habiendo denegaciones injustas. En una acalorada sesión en la Asamblea de Madrid, Consuelo Ordóñez de Covite denunció la ineficacia y parcialidad de la ley vigente, enfrentándose al portavoz del PP, José Virgilio Menéndez, en un rifirrafe que evidenció diferencias profundas.

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