En medio de un panorama inmobiliario marcado por tensiones entre propietarios y el Gobierno, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) ha solicitado este miércoles la retirada de los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros. La patronal argumenta que ambas normativas carecen de “rigor técnico” y plantean una serie de vulneraciones a principios constitucionales y europeos, además de promover una mayor conflictividad jurídica.
Según lo expresado por ASVAL en un comunicado, las nuevas leyes representan una “ruptura del ordenamiento jurídico español” al vulnerar derechos fundamentales relacionados con la propiedad, la seguridad jurídica y la libertad de empresa. La asociación sostiene que los decretos, redactados en un proceso que califican de “a la carrera y en el último minuto”, generan confusión y aumentan las disputas legales entre propietarios, inquilinos y las instituciones judiciales. Esto, afirman, no solo perjudica a quienes buscan alquilar sino que también redunda en una menor oferta de vivienda en el mercado.
Los decretos en cuestión amplían hasta 2030 la protección frente a los desahucios de familias vulnerables, además de prohibir la compra de viviendas por fondos buitre hasta 2028 y extender en dos años la validez de contratos de alquiler que vencen antes de diciembre de ese año. Estos cambios han sido sometidos a votación en un pleno extraordinario del Congreso y generan una profunda controversia en el sector.
Desde ASVAL, se denuncia que estas medidas “no amplían la oferta de vivienda, sino que la reducen”, señalando que unas 750.000 familias en España se ven afectadas por la dificultad de acceder a un hogar bajo el actual escenario legislativo. La club de propietarios advierte que el Estado, en lugar de facilitar un entorno estable para la producción de viviendas públicas, está generando obstáculos que afectan a los pequeños propietarios, quienes consideran que la responsabilidad de ofrecer soluciones habitacionales no debe recaer únicamente sobre ellos.
La asociación también critica la norma por su impacto en la seguridad jurídica, la cual consideran afectada por “normas redactadas a última hora, con una interpretación subjetiva que puede generar mayor conflictividad judicial”. Además, considera que las medidas implementadas impiden una verdadera expansión del parque de viviendas asequibles y que, en su lugar, contribuyen a la escasez y al aumento de precios.
Entre las propuestas contenidas en su repudio, ASVAL destaca la necesidad de una reforma que incluya una mayor coordinación con las comunidades autónomas —que poseen amplias competencias en materia de vivienda—, el empleo de análisis técnicos rigurosos y un amplio consenso político y social para garantizar la estabilidad del mercado del alquiler. En este marco, la patronal se ha ofrecido facilitar su colaboración con el Gobierno en la redacción de una normativa más articulada y efectiva.
Por otro lado, los nuevos decretos también contemplan beneficios para los propietarios, como la exclusión de indemnización en ciertos casos de no renovación del contrato y reducciones sustanciales en el rendimiento neto del alquiler declarado en el IRPF, que en algunos casos puede llegar hasta el 100%. Además, se señala la exención en la tributación de ganancias patrimoniales cuando se venden viviendas a entidades públicas para uso social, restringiendo la compra especulativa a fondos de inversión y grandes tenedores, pero sin afectar las transacciones entre particulares.
En definitiva, la controversia en torno a estas nuevas medidas refleja un escenario de disputa abierta sobre el equilibrio necesario entre la protección de los inquilinos y el respeto por los derechos de los propietarios. La discusión continúa mientras el sector continúa reclamando un marco legal que garantice estabilidad, seguridad jurídica y una oferta suficiente que alivie la demanda creciente en un mercado cada vez más tensionado.
