El secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, se encuentra inmerso en una controversia que involucra la presunta filtración de correos entre la Fiscalía y el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Informes publicados sugieren que Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López, pasó la información a Lobato con la idea de usarla en un pleno de la Asamblea de Madrid. Ante estas acusaciones, Lobato, citado como testigo en el procedimiento del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, certificó ante notario las conversaciones de WhatsApp que mantuvo con la asesora de Moncloa, alegando que la información provino de medios de comunicación y no de la Fiscalía.
Durante su comparecencia, Lobato especificó que las comunicaciones presentadas al notario contenían documentos previamente publicados por la prensa, y enfatizó que no iba a divulgar el acta notarial por tratarse de una conversación privada. De esta manera, se defendió ante las críticas internas de su partido y las acusaciones externas, afirmando que no considera que Sánchez Acera le haya mentido sobre el origen de la información. Consciente de las implicaciones legales, Lobato destacó que, de comprobarse la procedencia oficial de la documentación, la situación podría agravarse para el fiscal general García Ortiz y complicar su propio panorama político. Aunque inicialmente planeaba no hacer declaraciones públicas hasta comparecer en el Supremo, Lobato optó por aclarar su postura y subrayó que actuó de manera independiente al acudir al notario.
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