La batalla soterrada entre LaLiga y parte de la prensa española ha dejado de ser solo un cruce de declaraciones. Una sentencia judicial ha venido a confirmar, negro sobre blanco, algo que Florentino Pérez llevaba tiempo denunciando desde la asamblea de socios del Real Madrid: la patronal del fútbol profesional ha destinado más de 139 millones de euros en cinco años a partidas de publicidad, propaganda y relaciones públicas, buena parte de ellas vinculadas a medios de comunicación.
El caso arranca con un reportaje de EL ESPAÑOL en el que, a partir de las propias cuentas de LaLiga, se detallaba que entre las temporadas 2016/17 y 2020/21 la institución presidida por Javier Tebas gastó 139,42 millones de euros en esos conceptos. El texto cuestionaba hasta qué punto ese volumen de inversión podía condicionar el ecosistema mediático deportivo en España.
LaLiga reaccionó por la vía judicial: demandó al medio y exigió una rectificación amplia, alegando que el reportaje dañaba su honor y contenía informaciones inexactas. La jugada, sin embargo, ha terminado por volverse en contra de la propia patronal.
Antes de que el asunto llegara a los tribunales, Florentino Pérez ya había puesto el foco en el problema. En una asamblea de socios del Real Madrid, el presidente blanco fue directo: no veía normal que LaLiga repartiera “millones” entre medios de comunicación y reclamó por escrito saber cuánto cobraba cada medio y, si era el caso, cada periodista.
La respuesta de la patronal fue el silencio: negativa a detallar las cantidades y opacidad sobre el reparto. El reportaje de EL ESPAÑOL vino a llenar ese vacío de información con datos procedentes de los propios documentos económicos de LaLiga, y fue precisamente esa pieza la que llevó a Tebas a acudir a los juzgados.
Según ha explicado el jurista Miguel María García Caba, que ha difundido extractos de la resolución en X (antes Twitter), la sentencia desestima las pretensiones de LaLiga y valida la esencia del trabajo periodístico. El juez concluye que la patronal no ha logrado demostrar inexactitudes sustanciales en las cifras publicadas y recuerda que el debate sobre el gasto en publicidad y relaciones públicas de una entidad de este tamaño es claramente de interés general.
En paralelo, la resolución constata la existencia de una “enemistad manifiesta” entre LaLiga y el medio demandado, algo que ayuda a contextualizar por qué, de todos los periódicos que informaron sobre el conflicto entre Florentino Pérez y Tebas, la acción judicial se dirigió precisamente contra uno de los pocos que no reciben campañas de la patronal.
El núcleo de la disputa era aparentemente sencillo: ¿eran reales o no los 139,42 millones gastados en cinco años en “publicidad, propaganda y RRPP”? LaLiga sostenía que el reportaje generaba una imagen distorsionada de su actividad. Pero a la hora de la verdad, en sede judicial, no pudo demostrar que las cifras fueran falsas.
El juez subraya que la información se basa en documentación oficial de la propia organización y que la parte demandante no ha aportado prueba suficiente de error. Es decir, el dato de los 139,42 millones se mantiene en pie y se convierte, de facto, en una verdad judicialmente consolidada.
Lo relevante no es solo la cifra global, sino el contexto: hablamos de un gasto continuado, repartido a lo largo de varios ejercicios, que se canaliza en gran parte a través de contratos comerciales y campañas con medios de comunicación. Nada de eso es ilegal en sí mismo —toda gran organización invierte en publicidad—, pero sí abre un debate incómodo sobre la independencia de la prensa que cubre el día a día del fútbol español.
Otro elemento llamativo de la sentencia es la aceptación, como parte del debate público legítimo, de la expresión “Liga de Tebas”. El juez no entra a valorar si el apodo gusta más o menos, pero viene a asumir que, en la práctica, el peso del presidente en la institución es tal que la identificación personalista forma parte de la realidad política y mediática del organismo.
Este punto no es menor. En los últimos años, LaLiga se ha visto envuelta en múltiples frentes: la guerra abierta contra el proyecto de la Superliga, el choque con Real Madrid, Barcelona y Athletic por el acuerdo con el fondo CVC, las tensiones con la Federación, los conflictos con algunos clubes por el reparto de los derechos de televisión o las decisiones sobre los horarios de los partidos. En casi todos esos escenarios, la figura de Tebas ha estado en primera línea.
La expresión “Liga de Tebas” resume esa personalización del poder y la convierte en objeto de crítica política y mediática. Que los tribunales la consideren parte del debate amparado por la libertad de expresión supone un golpe simbólico importante para la estrategia del presidente de la patronal.
El caso también arroja luz sobre un modelo de relación entre LaLiga y los medios que, sin ser exclusivo del fútbol, sí resulta especialmente sensible en un sector donde la información deportiva influye en la imagen de clubes, jugadores y dirigentes.
Si una parte muy relevante de la prensa que vive del fútbol depende a la vez de grandes campañas pagadas por la propia patronal que organiza la competición, la pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto puede esa prensa fiscalizar con libertad a quien le paga una parte importante de sus ingresos?
De nuevo, la publicidad institucional o corporativa no es ilícita por naturaleza. LaLiga, como cualquier empresa o entidad, tiene derecho a promocionar su marca y sus competiciones. El problema aparece cuando el volumen, la concentración del gasto y la falta de transparencia en el reparto alimentan la sospecha de que el objetivo ya no es solo hacer marketing, sino condicionar el relato público.
El hecho de que la demanda se dirigiera contra uno de los pocos medios que no forman parte de esa red de campañas añade otra capa de inquietud: la de una patronal que riega con dinero a una parte importante del ecosistema mediático y se enfrenta en los tribunales a quien se mantiene al margen de ese circuito.
La sentencia no entra a valorar políticamente el modelo de LaLiga, pero sí lanza un mensaje claro: informar sobre estos gastos es legítimo, y tratar de silenciar a un medio por hacerlo no encaja fácilmente en el marco de la libertad de información.
A partir de aquí, la pelota vuelve al tejado de la propia patronal y de los clubes que la integran. Las cifras globales ya están encima de la mesa. Falta lo más delicado: conocer el detalle de a qué medios se destinan esos 139,42 millones, con qué criterios y en qué condiciones. Esos datos, que LaLiga se ha negado a facilitar hasta ahora, serían clave para evaluar si se trata simplemente de una estrategia de marketing agresiva o de un sistema de incentivos que condiciona el tono de buena parte de la conversación futbolística en España.
Mientras esa información no se haga pública, la sombra de la duda seguirá planeando sobre la llamada “Liga de Tebas”. Y cada nueva sentencia que valide el trabajo de los medios críticos reforzará la sensación de que lo que sobra no son demandas, sino transparencia.
¿De dónde sale la cifra de 139,42 millones de euros de LaLiga en publicidad y relaciones públicas?
Procede de las propias cuentas y memorias económicas de LaLiga, analizadas en un reportaje de EL ESPAÑOL que recopiló el gasto acumulado en los conceptos de publicidad, propaganda y relaciones públicas durante cinco temporadas consecutivas.
¿Qué pretendía LaLiga con su demanda contra el medio que publicó estos datos?
LaLiga buscaba una rectificación amplia del reportaje, al considerar que dañaba su honor y contenía informaciones inexactas. El juez, sin embargo, ha desestimado esa petición al entender que la patronal no ha demostrado errores sustanciales en las cifras ni un uso ilegítimo de la libertad de información.
¿Es ilegal que LaLiga pague campañas publicitarias a medios de comunicación?
No. Las campañas de publicidad institucional o corporativa son legales y habituales. El debate no es jurídico, sino ético y de transparencia: el volumen del gasto, la falta de detalle sobre el reparto y la dependencia económica de muchos medios plantean dudas sobre la verdadera independencia de la información deportiva.
¿Qué impacto puede tener esta sentencia en la relación entre LaLiga, los clubes y la prensa?
Más allá del golpe reputacional, el fallo refuerza el espacio de los medios para investigar y publicar datos sobre el uso de recursos de la patronal. También pone presión sobre los clubes, que son los verdaderos dueños de LaLiga, para exigir más transparencia en cómo se emplea el dinero común en campañas mediáticas.
Referencias:
