La gestión del patrimonio hidráulico en España se encuentra en el centro de un debate que ha encendido las alarmas entre expertos y profesionales del sector. La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, junto con otras organizaciones especializadas, han solicitado al Gobierno medidas concretas y urgentes para abordar el deterioro progresivo de las infraestructuras hidráulicas del país, en particular el estado de numerosas presas que cumplen funciones esenciales en la gestión del agua, la producción de energía y la prevención de desastres.
En una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la directora general del Agua, María Dolores Pascual, los ingenieros expresaron sus preocupaciones, señalando la necesidad de modificar la legislación vigente, reforzar la cualificación del personal responsable de la seguridad en las presas y aumentar las inversiones en infraestructura hidráulica. La conservación de este patrimonio no solo resulta vital para garantizar un suministro hídrico sostenible, sino también para mantener la capacidad de generación de energía renovable, un aspecto clave en el contexto de la transición energética de España.
Uno de los aspectos más preocupantes que se abordaron es el proceso en marcha para extinguir concesiones hidroeléctricas sin que se evalúen de manera exhaustiva las implicaciones de dichas decisiones. Según denuncian los expertos, las confederaciones hidrográficas están impulsando expedientes de extinción basados únicamente en la finalización de las concesiones, sin abrir nuevos concursos ni analizar de forma integral el impacto en la estabilidad del sistema, la gestión del agua o la producción de energía. Esto afecta especialmente a proyectos como las presas de La Retorna y Los Toranes, cuya demolición podría poner en riesgo funciones estratégicas del sistema hidráulico y energético.
Además, alertan sobre el estado de varias presas que presentan problemas estructurales y hidráulicos que requieren intervención inmediata. Un estudio reciente indica que hay al menos 23 presas con deficiencias en condiciones normales y otras 24 con problemas más graves que comprometen su seguridad. La modernización de los sistemas de monitorización, que permiten detectar fallos y prevenir posibles catástrofes, también ha sido destacada como una prioridad para mejorar la seguridad y eficiencia del conjunto de infraestructuras.
El sector sostiene que un enfoque integral y multidisciplinar es necesario para mantener y potenciar la infraestructura hidráulica. Para ello, proponen la incorporación de 80 nuevos ingenieros en las confederaciones hidrográficas, así como elevar su rango institucional, de modo que la presidencia de estos organismos tenga categoría de Dirección General y sus cargos directivos sean ocupados por profesionales especializados. También abogan por reforma legislativa, incluyendo la modificación del artículo 57 de la Ley de Aguas para revisar el papel del caudal ecológico y una orden ministerial que establezca los requisitos técnicos en materia de seguridad de las presas.
A nivel de planificación, se hace un llamado a activar planes de emergencia en las zonas más vulnerables, como Levante, cuencas del Júcar y Segura, proponiendo la elaboración de 46 planes en el primer año. La detección y reparación de decenas de presas con problemas estructurales y la modernización de los sistemas de auscultación se consideran indispensables para garantizar una gestión segura y eficiente del agua.
El debate actual no solo tiene un trasfondo técnico y de seguridad, sino que se vincula estrechamente con la estrategia energética de España. En 2025, más de la mitad de la electricidad generada en el país provino de fuentes renovables, principalmente eólica, solar e hidráulica. La energía hidráulica, aunque representa solo un 12,4% en volumen, destaca por su estabilidad, ya que permite regular la producción eléctrica y garantizar el suministro en momentos de picos de demanda o fluctuaciones en otras fuentes.
La importancia de las presas como «baterías» naturales cobra todavía más relevancia si se cumplen los ambiciosos objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima, que proyecta alcanzar un 81% de generación renovable en 2030. Esta estrategia busca reducir la dependencia energética, disminuir los costos y estabilizar los precios, aspectos que adquieren mayor pertinencia en un escenario global marcado por la subida de los precios del gas y la electricidad, agravada por conflictos internacionales en Oriente Medio.
Es en este contexto que la gestión del agua adquiere un carácter estratégico, no solo para el presente sino también para el futuro del sistema energético y territorial. La conservación y modernización de las infraestructuras hidráulicas, con un enfoque técnico y sostenible, se presentan como claves para enfrentar desafíos complejos y garantizar la resiliencia del país en tiempos de crisis. La visión de un territorio con recursos bien gestionados y una infraestructura segura puede marcar la diferencia en la estabilidad económica y ambiental de España en las próximas décadas.
