En Madrid, la tensión política se intensifica con la reciente queja formal presentada por Más Madrid y el PSOE contra el consejero de Educación, Enrique Ossorio, a quien acusan de no mencionar explícitamente la «violencia de género» en un contexto relevante. Los partidos progresistas sostienen que el uso del término es crucial para visibilizar y combatir este tipo de violencia que afecta desproporcionadamente a las mujeres. La ausencia de su mención ha generado un debate acerca de la responsabilidad de los líderes políticos en la lucha contra esta lacra social, señalando la falta de compromiso de las autoridades del Partido Popular en temas de igualdad de género.

Paralelamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa del alcalde implicado en la controversia, argumentando que se ha cometido una exageración y que el enfoque debería centrarse en acciones concretas para prevenir todo tipo de violencia. Ayuso destaca la importancia de políticas de seguridad efectivas y denuncia lo que considera un uso partidista del lenguaje para atacar a su administración. La polémica refleja las profundas divisiones políticas en torno a la violencia de género y subraya la necesidad de un abordaje unificado para enfrentar un problema que sigue siendo una prioridad social.

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