El Impuesto de Sucesiones en España se activa en el momento de la transmisión de bienes o derechos por causa de muerte, siendo un tributo necesario tanto para herencias como para donaciones. La Ley 29/1987 regula este gravamen, que establece la obligación de tributar sobre los incrementos patrimoniales. Desde la aprobación de la Ley 22/2009, las comunidades autónomas tienen la potestad de modificar tanto el rendimiento como la normativa del impuesto, lo que provoca diferencias significativas en su aplicación según la localidad. El cálculo del tributo se realiza sumando el valor neto de los bienes heredados y restando deudas y cargas, con reducciones que dependen del grado de parentesco entre el causante y el beneficiario.
El informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2025 revela las variaciones en las bonificaciones del impuesto entre las comunidades. Por ejemplo, en Cataluña, las bonificaciones alcanzan hasta el 99% para ciertos grupos, mientras que en Andalucía y Murcia la bonificación es del 99% para los grupos I y II. Otras regiones, como Asturias y Galicia, eximen a las herencias de los grupos I y II hasta un límite de 300.000 euros y un millón de euros, respectivamente. En Madrid, el gobierno ha implementado cambios recientes que también benefician a colaterales como hermanos, tíos y sobrinos, aumentando así las bonificaciones. Estas diferencias reflejan las complejidades del sistema tributario español y la importancia de considerar la legislación específica de cada comunidad autónoma al momento de recibir una herencia.
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