LALIGA ha participado en una nueva operación internacional contra la piratería audiovisual que se ha saldado con 29 detenciones, nueve grupos criminales desmantelados y más de 27.000 URLs ilegales retiradas. La actuación, denominada KRATOS 2, se desarrolló entre septiembre de 2025 y abril de 2026 con el apoyo de Europol y la colaboración de autoridades policiales de distintos países europeos, Reino Unido y Estados Unidos.
La operación supone un golpe importante contra las redes que distribuyen contenidos protegidos mediante servicios ilegales de IPTV y plataformas de streaming. Pero también llega en un momento de fuerte debate en España por la estrategia de bloqueos impulsada por LALIGA contra emisiones no autorizadas de fútbol, una práctica que ha generado quejas de empresas tecnológicas, usuarios y colectivos de internet cuando afecta a páginas legítimas alojadas en infraestructuras compartidas.
La piratería audiovisual no es un problema menor. Las redes ilegales no solo emiten partidos sin pagar derechos, sino que pueden funcionar como negocios organizados con sistemas de cobro, revendedores, dominios cambiantes, servidores distribuidos y mecanismos para esquivar a las autoridades. LALIGA sostiene que estas plataformas dañan el valor de la competición y exponen a los usuarios a riesgos como malware, spyware, robo de datos y fraudes online.
KRATOS 2 se planteó como una intervención contra el ecosistema técnico y criminal que sostiene los servicios ilegales de streaming. Según los datos comunicados por LALIGA, las autoridades identificaron a 86 sospechosos, realizaron más de 148 registros domiciliarios, remitieron 59 casos a autoridades judiciales y mantienen 72 investigaciones penales en curso.
Los resultados incluyen nueve grupos criminales organizados desmantelados, 169 dominios reportados, 27.332 URLs retiradas y 722.961 objetos infractores identificados. La operación contó con la colaboración de beIN Media Group, UEFA, AAPA e Irdeto, entre otros, y permitió detectar 4.370 nuevos dominios vinculados a piratería, 18.331 direcciones IP asociadas a servicios ilegales y 397.384 URLs reportadas para retirada.
Para las autoridades, actuar solo sobre páginas concretas suele ser insuficiente porque las redes piratas distribuyen su infraestructura entre varios países y modifican dominios con frecuencia. Por eso KRATOS 2 intentó avanzar hacia responsables, operadores técnicos y canales de comercialización: esa es la parte más sólida de la estrategia.
La participación de LALIGA en una operación internacional convive con una polémica interna que no desaparece. En España, la organización ha sido criticada por sus solicitudes de bloqueo de direcciones IP durante partidos, sobre todo cuando esas IP pertenecen a servicios de CDN, protección web o infraestructura cloud compartida.
La diferencia técnica es importante. Un dominio identifica una web concreta. Una IP, en cambio, puede estar compartida por miles de sitios legítimos cuando se usan plataformas de distribución como Cloudflare o Vercel. Si se bloquea la IP porque una web pirata la utiliza, el bloqueo puede arrastrar a páginas que no tienen ninguna relación con la retransmisión ilegal.
Cloudflare llevó a LALIGA a los tribunales al considerar que estos bloqueos afectaban de forma desproporcionada a páginas legítimas. Vercel también denunció en 2025 que algunos bloqueos estaban afectando a sitios alojados en su plataforma. LALIGA, por su parte, defiende que sus medidas están amparadas por resoluciones judiciales: en marzo de 2025, el Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona desestimó las solicitudes de nulidad de Cloudflare y RootedCON.
El debate no es si la piratería debe perseguirse. Debe perseguirse. La cuestión es cómo hacerlo sin afectar a terceros. Un bloqueo debería ser lo más específico posible, limitado al recurso infractor, revisable y con canales ágiles de reclamación. Los afectados necesitan saber por qué se ha bloqueado un acceso, quién lo ha solicitado y cómo pueden recurrirlo.
LALIGA tiene un argumento sólido cuando denuncia que las redes ilegales se han profesionalizado y que operan con beneficios económicos relevantes. Pero esa legitimidad se debilita si las medidas antipiracy terminan afectando a servicios que no han cometido ninguna infracción. La vía más eficaz parece ser la que muestra KRATOS 2: cooperación internacional, investigación policial y persecución económica del negocio ilegal, no solo bloqueos que pueden llevarse por delante a quien no estaba en la jugada. Madrid, como sede de LALIGA y ciudad que aspira a liderar la economía digital, tiene interés en que ese equilibrio se resuelva bien, algo que también apuntó Almeida al hablar de la evolución de Madrid como destino global.
Una operación internacional contra redes de IPTV ilegal y streaming no autorizado, desarrollada entre septiembre de 2025 y abril de 2026 con apoyo de Europol y participación de LALIGA y otros socios del sector audiovisual.
29 detenciones, nueve grupos criminales desmantelados, más de 148 registros domiciliarios, 27.332 URLs retiradas y más de 700.000 objetos infractores identificados.
Porque algunas medidas de bloqueo de IP han afectado a webs legítimas alojadas en infraestructuras compartidas, especialmente servicios CDN o cloud donde una misma IP puede servir a muchos dominios distintos.
En marzo de 2025 el Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona desestimó las solicitudes de nulidad de Cloudflare y RootedCON contra una sentencia que ordenaba bloquear IP usadas para distribuir contenidos de LALIGA sin autorización.
