Este febrero de 2025 señala un hito crucial en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) en Europa con la implementación de una parte esencial del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Respaldado en marzo de 2024, este reglamento no solo es pionero sino también audaz, trazando un camino para regular la IA mientras busca equilibrar la innovación y la protección de los derechos fundamentales.
La velocidad con la que la inteligencia artificial ha pasado de ser una noción futurista a una realidad presente en sectores como sanidad, transporte, educación y justicia ha suscitado serias preocupaciones éticas y legales. En respuesta, la Unión Europea ha tomado el liderazgo desarrollando un enfoque basado en el riesgo, dividiendo los sistemas de IA en categorías: riesgo inadmisible, alto, limitado y mínimo o nulo.
Destacan en el reglamento las prohibiciones contundentes sobre sistemas de IA considerados de riesgo inadmisible, es decir, aquellos que infringen derechos fundamentales, comprometen la privacidad o presentan peligros significativos para la seguridad. Las multas para las empresas que utilicen estos sistemas podrían ascender a 35 millones de euros o el 7% de su facturación anual, marcando así una posición firme de la UE.
Asimismo, los sistemas de alto riesgo, que tienen aplicaciones en sectores críticos, deberán cumplir con estrictos estándares de transparencia, supervisión humana y ciberseguridad. Los proveedores deberán documentar y registrar sus sistemas en una base de datos pública, facilitando así su trazabilidad y control.
Otro aspecto crucial del reglamento es la salvaguarda de los derechos ciudadanos en sus interacciones con la IA. Las personas afectadas por decisiones automatizadas tendrán derecho a ser informadas y a recibir explicaciones al respecto, especialmente en temas delicados como contratación laboral, créditos y administración pública. Además, el uso de sistemas de identificación biométrica remota se regulará rigurosamente para evitar violaciones de privacidad y discriminación.
Para fomentar la innovación sin mermar la seguridad, el reglamento introduce sandboxes, entornos controlados donde se pueden probar sistemas de IA de alto riesgo bajo estricta supervisión. Esto permite a las empresas evaluar los efectos de la tecnología y mitigar riesgos antes de su despliegue comercial. En España, la vigilancia y cumplimiento de estas normativas estarán bajo la responsabilidad de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.
La UE, con estas medidas, se posiciona como un líder global en la regulación de la inteligencia artificial, estableciendo un modelo que otras regiones podrían seguir. Aunque sigue siendo incierto cómo esta normativa impactará en el desarrollo del sector, es un claro intento de armonizar el avance tecnológico con la protección de los derechos humanos.
En un contexto mundial donde la dependencia tecnológica es cada vez mayor, esta iniciativa no es solo una respuesta pragmática a los retos contemporáneos, sino una apuesta por un futuro en el que la IA sea una aliada y no una amenaza para los valores fundamentales de la humanidad.
