Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, han llevado a cabo una operación de gran alcance que ha permitido desmantelar una organización criminal responsable de uno de los mayores fraudes de IVA en el sector del comercio de hidrocarburos. La investigación, que comenzó a principios de 2023, ha puesto de manifiesto un entramado sofisticado y jerarquizado con capacidad para defraudar aproximadamente 300 millones de euros en total, afectando gravemente a las arcas públicas y al mercado legal de combustibles.
Durante los registros, se incautaron más de 140.000 euros en efectivo, 167 relojes de lujo valorados en unos 2 millones de euros, así como activos financieros que superan los 14 millones de euros. Además, se bloquearon cuentas bancarias con fondos por más de 12,5 millones y se decomisaron más de 3,6 millones de litros de carburante, además de 60 vehículos de alta gama con un valor superior a los 3 millones de euros y 46 inmuebles por un valor superior a los 5 millones de euros. La operación también reveló un aspecto alarmante: en una vivienda se localizó un taller clandestino dedicado a la fabricación de armas de fuego y munición de guerra, lo que evidencia la amplitud de las actividades delictivas de esta organización.
La estructura delictiva, que operaba de manera jerarquizada, estaba liderada por dos socios en la cúspide. Bajo su mando, directivos financieros gestionaban las cuentas y llevaban la contabilidad, mientras que en los niveles inferiores se encontraban numerosos trabajadores, muchos de los cuales desconocían la verdadera finalidad de la organización. En el último eslabón, se detectó la existencia de testaferros, a quienes se les pagaron recompras cercanas a los 2 millones de euros para que prestaran su identidad y fueran responsables de las obligaciones tributarias de los operadores petrolíferos, facilitando así las operaciones ilegales.
El método operativo consistía en operar con su propio depósito fiscal para almacenar y distribuir el carburante, una práctica poco habitual en el sector, ya que generalmente estas funciones se externalizan. La organización creaba y gestionaba múltiples operadores petrolíferos, incluyendo un segundo y un tercer operador, este último dado de baja del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (REDEF) para impedir su actividad, aunque anteriormente había contribuido a ampliar la red delictiva.
Uno de los aspectos más preocupantes fue la capacidad de la red para vender carburante a precios inferiores al de adquisición legal, incluso por debajo del coste. Esto era posible gracias a la omisión del pago del IVA repercutido a la Agencia Tributaria, así como del pago correspondiente por biocarburantes, que en estos casos también era evadido, ocasionando un déficit fiscal estimado en 40 millones de euros solo por este concepto.
El 2 de diciembre, en una operación conjunta, la Policía Nacional llevó a cabo nueve registros simultáneos en domicilios en Madrid y Ávila, y en oficinas en la capital madrileña. Entre lo intervenido se encontraban activos por valores significativos, incluyendo dinero en efectivo, relojes y bienes muebles, además de armas de fuego y munición de guerra en un taller clandestino en Ávila. Como resultado, fueron detenidas ocho personas y se tomaron declaración en calidad de investigadas a otras diez, entre ellas los supuestos cabecillas.
La investigación también reveló la existencia de un vehículo blindado equipado con una ametralladora de gran calibre, uno de los muchos instrumentos utilizados para garantizar la seguridad y protección del entramado en sus operaciones ilícitas. La amplitud de los delitos cometidos y el nivel de sofisticación alcanzado por esta organización han convertido esta operación en uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en el ámbito del fraude fiscal y el tráfico de armas en los últimos años.
Fuente: Ministerio del Interior
