La organización de consumidores y usuarios (OCU) ha elevado una fuerte advertencia al Ministerio de Transportes respecto a la situación actual del sistema de indemnizaciones por retrasos en el servicio ferroviario en España. La entidad señala que, a pesar de la aprobación de la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, los derechos de los pasajeros siguen sin ser plenamente respetados, debido a un retraso en la implementación del reglamento que regula las compensaciones.
Hasta el 1 de enero de 2026, la normativa establecía que los usuarios de tren podrían exigir la devolución del 50% del billete por retrasos de 15 minutos y del 100% en retrasos de media hora, un sistema que durante más de dos décadas fue una de las mayores garantías para los viajeros en comparación con otros países. Sin embargo, la llegada de nuevos operadores en 2024 supuso una modificación en el esquema de compensaciones: ahora, solo se contemplan indemnizaciones en retrasos que superen los 50 o incluso 90 minutos, reduciendo notablemente la protección efectiva para los usuarios.
La OCU subraya que, pese a que la ley corregía esta modificación, el Ministerio de Transportes ha condicionado la entrada en vigor de las indemnizaciones a un desarrollo reglamentario que, en su opinión, no es imprescindible. La organización argumenta que el derecho a las compensaciones es plenamente exigible desde el primer día de 2026 y que la falta de publicación del reglamento no puede justificar una demora en la aplicación de la ley.
En paralelo, compañías como Renfe e Iryo han suspendido temporalmente sus compromisos voluntarios de puntualidad, en respuesta a las recientes reducciones de velocidad en algunos tramos impuestas por la infraestructura administrada por Adif. Estas medidas de limitación de velocidad han generado un aumento en los retrasos y dificultades para cumplir con los horarios establecidos, situación que tanto Renfe como Iryo justifican argumentando que afectan la puntualidad.
Este contexto ha agravado aún más la percepción de deterioro en la protección de los derechos de los usuarios ferroviarios en España. La organización de consumidores denuncia que las empresas no solo han reducido sus compromisos y cancelado indemnizaciones vigentes, sino que también han negado las compensaciones establecidas en reglamentos europeos, perjudicando directamente a miles de viajeros.
La OCU ha enviado una carta al Ministerio en la que exige la publicación inmediata del reglamento pendiente, así como el establecimiento de un calendario transparente y verificable para su aplicación. La organización advierte que cada día que pasa sin acción constituye un incumplimiento del mandato legal y un perjuicio para los derechos de los pasajeros. Además, ha anunciado que continuará vigilando la situación y que, si no obtienen respuestas satisfactorias, no dudarán en intensificar su actividad de presión hacia las autoridades.
Por otro lado, se ha lanzado la campaña “El tren se puede retrasar, tus derechos no”, que busca concientizar a los viajeros sobre sus derechos y movilizarles para exigir una mayor transparencia y respeto en el servicio ferroviario. La iniciativa también proporciona apoyo a quienes decidan presentar reclamaciones por retrasos o cancelaciones.
En definitiva, la situación actual refleja un proceso en el que las garantías para los usuarios están siendo parcialmente erosionadas, a la espera de que el Gobierno cumpla con sus obligaciones legales. La demora en la puesta en marcha del reglamento no solo dilata la recuperación plena de los derechos adquiridos por los pasajeros, sino que también aumenta la percepción de un sistema que requiere mayor protección y transparencia. La organización de consumidores insiste en que es fundamental actuar sin más demora para evitar un retroceso en las mejoras logradas en materia de protección ferroviaria, en un momento en que la puntualidad y la calidad del servicio son más necesarias que nunca.
