Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha modificado sustancialmente la cuantía de la indemnización otorgada a una de las niñas intercambiadas al nacer en el Hospital San Millán de Logroño en 2002. La resolución, que aún no es definitiva, fue emitida tras la reclamación de la joven, quien solicitaba inicialmente una compensación superior a los tres millones de euros. La administración autonómica, en cambio, había establecido una cifra de 850.000 euros en octubre de 2022, que la sala ha elevado a 975.000 euros, considerando que aún existen circunstancias que agravan el daño moral causado.
El caso protagonizado por las jóvenes revela uno de los errores sanitarios más graves conocidas en la comunidad. Tras casi veinte años con identidades erróneas, en 2021 las verdaderas filiaciones fueron definitivamente esclarecidas por una resolución judicial, poniendo al descubierto un intercambio en la unidad neonatal del hospital. La negligencia de la administración y el personal sanitario generó un impacto profundo en la vida de las afectadas, quienes permanecieron en una situación de desconocimiento que alcanzó a afectar incluso la relación con su entorno familiar.
El tribunal ha fundamentado su decisión en dos circunstancias que aumentan la gravedad del daño. La primera es el fallecimiento de la madre biológica antes de que la joven tuviera conocimiento de su verdadera identidad, situación que imposibilitó restablecer el vínculo materno-filial en un momento crucial. La segunda es que la menor fue declarada en situación de desamparo durante su infancia, siendo su abuela materna quien asumió su crianza en régimen de acogimiento. Ambas circunstancias, consideran los magistrados, agravan el sufrimiento emocional y psicológico que la víctima ha atravesado.
Por ello, se ha decidido incrementar en 125.000 euros la indemnización anterior, una cifra que busca reflejar la magnitud del daño moral y la vulnerabilidad adicional derivada de estas circunstancias. La sentencia condena de forma solidaria a la comunidad autónoma y a su aseguradora al pago de la cuantía total, solidificando la responsabilidad del sistema en la protección y reparación del daño ocasionado por un error que puso en riesgo la integridad física y emocional de la joven.
El fallo también evidencia la falta de valoración inicial de la situación de desprotección en que se encontró la menor, así como la pérdida de la oportunidad de un vínculo materno real tras la muerte de la madre biológica. La resolución del TSJR no es definitiva y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, pero representa un paso importante en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las víctimas de errores hospitalarios.
Este caso ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de las administraciones públicas en la prevención de errores médicos que alteran vidas enteras. La necesidad de implementar protocolos más rigurosos y mejorar los controles en los procesos de atención neonatal se vuelve ahora más evidente, ante la magnitud del daño que puede ocasionar un fallo que, en muchos casos, trasciende generaciones. Mientras tanto, las afectadas continúan buscando justicia y reparación, en un proceso que todavía tiene margen para ampliar el reconocimiento y la reparación total de su sufrimiento.
