El desalojo de un grupo de inmigrantes del antiguo instituto B9 de Badalona ha generado tensiones en la región, especialmente tras la intervención policial y las recientes lluvias en Cataluña. La actuación de las autoridades resultó en la dispersión de los casi 400 migrantes que habían encontrado refugio en el edificio, con medio centenar de ellos buscando ahora alojamiento bajo un puente y en espacios públicos cercanos. Mientras los desalojados claman por dignidad y refugio, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha justificado la medida aludiendo a la necesidad de proteger la propiedad privada, afirmando que el proceso de recuperación de inmuebles es un “auténtico vía crucis” para los propietarios.
La reacción de la Generalitat y diversos organismos, incluidos relatores de la ONU, ha sido contundente, criticando la actuación policial y el discurso que estigmatiza a las personas migrantes. Mònica Martínez Bravo, consellera de Derechos Sociales, ha instado a Albiol a abrir un albergue para ofrecer alternativas residenciales a quienes perdieron su hogar. La situación también ha encontrado apoyo en el ámbito político, ya que el Partido Popular de Catalunya respaldó al alcalde en su crítica al marco legal vigente y ha destacado la complejidad de asistir a este colectivo, defensa que refuerza la negativa de Albiol de invertir recursos en dar vivienda a los desalojados.
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