La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro, Cristina Pastor, ha delimitado las restricciones para Adif en el tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla a su paso por Adamuz, Córdoba, tras el trágico accidente entre un tren de Iryo y otro de Renfe el pasado 18 de enero, que resultó en 46 víctimas mortales. La magistrada ha marcado un área de más de cinco kilómetros como sensible para la investigación, desde los puntos kilométricos 321,098 al 315,974, donde Adif no puede realizar trabajos sin autorización judicial previa. Según la investigación, el descarrilamiento pudo haber sido causado por una rotura de vía en el punto 318,681. Adif había solicitado aclaraciones sobre las restricciones impuestas por Pastor luego de que intentaran cambiar 36 metros de carril sin el permiso correspondiente, lo cual fue tajantemente negado por la jueza.

En su resolución, Pastor detalló que cualquier intervención en el tramo afectado deberá ser informada y autorizada por el tribunal, a menos que razones de seguridad requieran una acción inmediata. Además, la jueza pidió a Adif explicaciones sobre si procedieron a efectuar el cambio de carril el 3 de marzo y los detalles de cualquier trabajo realizado, en un contexto donde ya había sido cuestionado por extraer piezas de un área no acordonada previamente. La actuación de Adif en Adamuz está bajo un minucioso escrutinio judicial, incluyendo la evaluación de documentos presentados tras el accidente. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha señalado posibles manipulaciones en los informes de soldaduras, lo que ha derivado en investigaciones adicionales por parte de las autoridades judiciales y policiales.

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