En un inusual giro de los acontecimientos, la jueza federal Ana Reyes, desde su tribunal en Washington, decidió mantener el bloqueo al fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos haitianos, desafiando al Gobierno de Trump. Tras la audiencia, Reyes expuso correos y mensajes de redes sociales en los que ha recibido acoso y amenazas de muerte, afirmando que estas presiones no la disuadirán de cumplir su función judicial. Con anterioridad, la jueza había suspendido la cancelación del TPS, un estatus que permite a los haitianos vivir y trabajar en EE. UU., cuya eliminación había sido retomada por la administración Trump pese a la crisis humanitaria que aún persiste en Haití. La decisión de Reyes ha brindado un respiro temporal a más de 350.000 haitianos que enfrentaban la posibilidad inmediata de deportación.

En su discurso, Reyes subrayó su compromiso con la ley y la imparcialidad, rechazando las intimidaciones y enfatizando la importancia del sistema de apelaciones como componente vital de la democracia. También refutó las acusaciones infundadas sobre su nominación como jueza, destacando sus credenciales, incluyendo su graduación en Derecho de la Universidad de Harvard. Ante la apelación del gobierno, la jueza prometió emitir una orden escrita para que el tribunal de apelaciones pueda analizar el recurso sin dilaciones. El proceso aún podría escalar hasta el Tribunal Supremo, dependiendo del veredicto del tribunal de apelaciones previsto a conocerse en las próximas semanas.

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