En España, las monjas han sido consideradas durante más de cuatro décadas como trabajadoras autónomas, una clasificación que ha generado distintas percepciones y desafíos en términos de protección social y derechos económicos. Desde la incorporación en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en 1982, más de 10.000 religiosas se encuentran bajo este régimen, según datos de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE). Sin embargo, esta situación contrasta con la realidad del colectivo religioso en su conjunto, compuesto por aproximadamente 33.000 monjas inscritas en el país.
El encuadramiento de las monjas en el RETA responde a razones administrativas, según explican voceros del sector. «No realizan una actividad por cuenta propia en el sentido clásico, pero era necesario ubicarles en algún régimen de la Seguridad Social; y se eligió este por su gestión más sencilla», indica Antonio García, secretario general técnico de UATAE. A diferencia de los trabajadores por cuenta propia del régimen general, estas religiosas suelen cotizar por la base mínima, lo que limita las cuantías de sus futuras pensiones, que en muchos casos rondan los 825 euros mensuales.
La gestión de sus cotizaciones y la decisión de la base de cotización suelen recaer en las propias congregaciones, que además, en muchas ocasiones, no poseen cuentas corrientes personales. La situación suele agravarse para aquellas monjas que, al llegar a los 65 años y no haber cotizado lo suficiente, carecen de cobertura suficiente para una pensión digna. La mayoría mantienen un «voto de pobreza» que limita sus recursos y las deja en manos del sustento colectivo de su comunidad religiosa.
El modelo vigente, establecido en 1982, también excluye a aquellas monjas que realizan trabajos profesionales en nombre de entidades externas o que, por ejemplo, dirigen negocios propios como panaderías o centros de cosmetología. Para ellas, el régimen de autónomo no aplica, y cotizan en el régimen general de la Seguridad Social.
Dentro del colectivo, existen voces que intentan desmontar ciertos mitos asumidos por la sociedad. Sor Marta, conocida en redes sociales como ‘la monja influencer’, ha aclarado en varios vídeos que ella y otras religiosas no reciben salarios del Estado ni de la Iglesia, sino que obtienen ingresos de actividades propias, como la venta de dulces, productos de cosmética o el mantenimiento de museos y tiendas. En sus intervenciones, recalca que la mayoría de las religiosas que cotizan, optan por hacerlo por la base mínima, dado que muchas no manejan cuentas corrientes y su sustento depende del apoyo colectivo.
Desde el punto de vista legal y fiscal, esta clasificación como autónomas implica un conjunto de obligaciones, como la realización de pagos mensuales y declaraciones trimestrales. Sin embargo, existe un reconocimiento de que el sistema no siempre refleja las particularidades de la vida monástica, y en ocasiones genera zonas grises respecto a la compatibilidad entre actividades religiosas, laborales y económicas.
La realidad que enfrentan muchas monjas en edad avanzada es aún más preocupante. Debido a la insuficiente cotización, un gran número de ellas se encuentran en situación de vulnerabilidad, sin la cobertura suficiente para una vejez digna. La responsabilidad, en última instancia, recae en las propias congregaciones, que en algunos casos asumen el cuidado de quienes no lograron cotizar lo necesario para una pensión adecuada.
El debate en torno a la protección social de las monjas continúa abierto, y aspectos como la reforma del sistema y el reconocimiento de sus particularidades aún están pendientes. La constante desinformación a nivel social, alimentada en parte por las propias religiosas que desvelan en plataformas como TikTok y entrevistas públicas que no reciben remuneración estatal, contribuye a una percepción errónea que dificulta la comprensión real del problema.
Mientras tanto, el colectivo saludable y activo busca que su condición normativa y sus derechos sean revisados con una visión más realista y equitativa, que garantice una vejez digna y adecuada a su compromiso de vida religiosa.
