El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha emprendido acciones legales contra 53 empresas proveedoras de gas para uso doméstico, en una medida que se inscribe en la lucha contra prácticas comerciales desleales. La Comisión Nacional Antimonopolio ha acusado a estas firmas, organizadas en seis grupos empresariales, de connivencia durante una década para manipular precios y repartir clientela, afectando seriamente a los consumidores mexicanos. La trama, según se ha anunciado, operaba en Ciudad de México, Estado de México, Colima, Tamaulipas y Sinaloa, y presuntamente generó ingresos indebidos de 13.000 millones de pesos, lo que equivale a 746,3 millones de dólares. Con el fin de mitigar el impacto de estos actos, el Gobierno busca no solo sanciones económicas, sino también que las empresas infractoras compensen a los afectados mediante descuentos en futuras facturas.
La importancia del gas licuado de petróleo en México, empleado por ocho de cada diez familias principalmente en tareas de cocina, hace que este caso sea especialmente sensible para la población. Las prácticas monopolísticas en este mercado tienen un impacto directo en el gasto cotidiano de millones de personas. Esta no es la primera ocasión en que las distribuidoras de gas enfrentan sanciones; a finales de 2022, la extinta Cofece impuso multas significativas a estas empresas por comportamientos similares. Este organismo, antes de su disolución, ya había iniciado una demanda colectiva histórica en contra de compañías farmacéuticas bajo cargos de manipulación de precios de medicamentos, destacando un patrón de investigación y regulación en diferentes sectores económicos del país.
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