La Guardia Civil ha llevado a cabo un amplio dispositivo de inspecciones a lo largo y ancho del territorio nacional con el objetivo de detectar y prevenir irregularidades en la cadena de producción alimentaria, particularmente en explotaciones ganaderas, transportes y mataderos. Las operaciones, coordinadas por el SEPRONA, han resultado en la detención e investigación de 93 personas, entre ellas cuatro personas jurídicas, así como en la inmovilización o sacrificio de un total de 1.441 animales. Entre estos, se encuentran 673 ovejas, 368 aves, 184 cabras, 208 cerdos, siete caballos y un ciervo, debido a problemas sanitarios o de bienestar animal.
Uno de los operativos más destacados es la operación ‘Pox’, que ha permitido desmantelar una organización criminal que operaba en las provincias de Toledo, Ávila y Madrid. Este grupo se dedicaba a introducir carne de ovino y caprino de manera ilegal en la cadena alimentaria, utilizando explotaciones y mataderos clandestinos sin control sanitario adecuado. La organización falsificaba documentos para disfrazar la procedencia de la ganado y trasladaba animales tanto de explotaciones legales como ilegales hacia estas instalaciones irregulares, donde eran sacrificados en condiciones insalubres. La carne obtenida se distribuía a través de canales no regulados, principalmente en restaurantes de comida asiática en Madrid. La operación culminó con 30 investigaciones y la incautación de animales y productos cárnicos, coordinándose esfuerzos con Europol y autoridades autonómicas y locales.
En otra investigación relevante, la operación ‘Saxum tubercum’ en Badajoz detectó la manipulación fraudulenta de pruebas de tuberculosis en ganado bovino, además del uso de medicamentos sin control y prácticas encubridoras para ocultar la enfermedad. También en esta provincia, la Guardia Civil desarticuló a un grupo familiar dedicado al robo de ovejas. La creciente oleada de robos provocó mayores controles en fincas cercanas, logrando la recuperación de animales y la inmovilización de 262 cabezas sin trazabilidad, lo que evidencia la gravedad del problema en la zona.
Otra de las operaciones destacadas es ‘Antimicrobiano’, centrada en irregularidades relacionadas con la prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios en Córdoba. La investigación reveló el uso indebido de recetas y medicamentos sin control, además de un comercio online ilegal con más de un centenar de productos ilícitos y más de mil medicamentos sin trazabilidad, destinados a envíos en toda España. Debido a estas prácticas, se investigaron a varias personas físicas y jurídicas por delitos contra la salud pública, intrusismo y falsificación documental.
Por otro lado, la operación ‘Cabiano’ contó con colaboración internacional para investigar irregularidades en el transporte de caballos desde Bélgica con destino a Libia y Líbano. Los análisis comprobaron que varios animales no estaban debidamente registrados, revelando la existencia de documentación falsificada y posibles actividades de contrabando que ponen en riesgo tanto la salud animal como la legalidad del comercio internacional de equinos.
Estas operaciones reflejan un incremento en las capacidades de respuesta ante delitos que afectan la sanidad animal, la salud pública y la protección del bienestar animal, aunando esfuerzos nacionales e internacionales. En total, se han registrado 65 infracciones penales, siendo predominantes los delitos de maltrato, abandono, uso irregular de medicamentos y falsificación documental, entre otros. Además, se detectaron más de 3.300 sanciones administrativas relacionadas con incumplimientos a la normativa sanitaria y de bienestar animal, destacando la importancia de mantener un control riguroso en estos ámbitos.
Estas acciones forman parte de la estrategia ‘One health’ de la Unión Europea y de la política ‘De la granja a la mesa’ de la Comunidad Europea, buscando fortalecer la protección de la salud humana, el medio ambiente y los animales mediante un enfoque integrado. La Guardia Civil, a través del SEPRONA, continúa liderando estos esfuerzos para erradicar actividades ilegales en el sector ganadero que puedan suponer una amenaza tanto para la seguridad alimentaria como para la integridad del comercio internacional y la protección del medio ambiente.
Fuente: Ministerio del Interior
