En los últimos días, la Comunidad de Madrid ha manifestado una creciente preocupación ante lo que considera serias sospechas de prácticas corruptas en la concesión de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico, tal y como lo expresó el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Novillo, busca asegurar que estas declaraciones, cuya gestión recae en la Administración General del Estado, estén siendo tramitadas con el rigor técnico requerido.
En Madrid, se han aprobado un total de 53 proyectos que abarcan 10.490 hectáreas. La misiva de la Comunidad subraya su firme compromiso con la transición energética, advirtiendo al mismo tiempo que este avance debe ser equilibrado, riguroso y respetuoso con la ordenación territorial. El consejero insiste en que el despliegue de energías renovables debe armonizarse con la protección del medio ambiente y sectores económicos cruciales como la agricultura.
La preocupación se extiende a los posibles efectos adversos sobre suelos de alto valor productivo, como los dedicados al cultivo de olivos y viñedos, fundamentales en términos económicos, ambientales y culturales. Además, hay sospechas de deficiencias relevantes en algunas DIA ya concedidas, lo que podría comprometer la protección del entorno y la seguridad jurídica de las inversiones.
El documento alerta de un procedimiento alterado, donde algunas DIA se emitieron antes de la planificación estratégica del territorio, lo que podría llevar a una ocupación desordenada del suelo. Ante esto, el Ejecutivo madrileño insta a realizar un análisis acumulativo que evalúe el impacto conjunto de las grandes instalaciones fotovoltaicas sobre biodiversidad, paisaje, suelo e infraestructuras.
Para reforzar el papel de las Comunidades Autónomas, el Gobierno regional pide un informe territorial vinculante para evaluar proyectos ambientales estatales, sobre todo en lo que respecta a la protección del suelo agrario y la compatibilidad urbanística. Además, sugiere una revisión del marco competencial para que las autonomías asuman la autorización de todas las instalaciones fotovoltaicas, incluidas las de más de 50 megavatios.
En un esfuerzo por proteger su entorno natural y agrícola, la Comunidad de Madrid ha activado un Plan de Protección del Paisaje, limitando las áreas para plantas fotovoltaicas a un 4% de la superficie autonómica, que corresponde a unos 320 kilómetros cuadrados. Este plan tiene como objetivo priorizar infraestructuras existentes como cubiertas y zonas de baja productividad agrícola, pasando de 370 a más de 100,000 instalaciones en 2025.
Este enfoque busca equilibrar el impulso hacia las energías renovables con la necesidad de salvaguardar sectores vitales y el entorno único de la región, reflejando una visión integral de desarrollo sostenible.
