La Comunidad de Madrid ha aprobado recientemente un decreto que establece la jornada partida como criterio general en los colegios públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial. Según el gobierno regional, esta medida busca mejorar el rendimiento académico, facilitar la conciliación familiar y ampliar la capacidad de elección de las familias. El nuevo horario escolar contará con sesiones divididas en la mañana y la tarde. A pesar de que la aprobación ha sido bien recibida por asociaciones de madres y padres, quienes valoran la posibilidad de elegir centros con este tipo de jornada, la medida ha encontrado una fuerte oposición entre los docentes y los sindicatos. Según han expresado representantes de estas organizaciones, la norma no ha sido consultada con los profesores y no contempla sus propuestas pedagógicas, lo que podría obviar las necesidades biológicas y educativas de los estudiantes.

Además de la polémica generada, el decreto ha simplificado el proceso para solicitar el cambio de jornada escolar, requiriendo ahora solo el apoyo de un tercio del Consejo Escolar del centro. Los sindicatos, como Comisiones Obreras y CSIF, critican que esto permite cambios sin una mayoría robusta y anuncian que están considerando impugnar la normativa por no haber sido negociada. Un aspecto relevante del desacuerdo es la supuesta falta de recursos económicos y humanos para implementar adecuadamente la jornada partida, lo que, según algunos líderes sindicales, podría afectar negativamente a las condiciones laborales de los docentes. La comunidad educativa parece, por tanto, dividida ante una reforma que tiene como objetivo redefinir el tiempo en las aulas, pero que no ha logrado consenso en su ejecución.

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