La Audiencia Nacional ha acordado suspender de forma cautelar la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática. La sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid seguirá, por el momento, sin esa denominación, tras un fallo que el Ejecutivo regional interpreta como un aval judicial a su postura.
Los magistrados han argumentado que la designación podría causar un “efecto adverso en la imagen institucional de la Comunidad de Madrid” y han estimado, por eso, la medida cautelar que la administración regional había solicitado. El recurso contencioso-administrativo que dio lugar a esta resolución lo presentó la Comunidad el 28 de octubre de 2025.
Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, declaró que “los tribunales han dado la razón a la Comunidad de Madrid en su defensa de la Real Casa de Correos como un espacio de libertad y una casa común para todos los madrileños y españoles”.
Desde la Comunidad se defiende que la Real Casa de Correos, con 250 años de historia, lleva cuatro décadas completamente desvinculada de los episodios que la Ley de Memoria Democrática recuerda, al convertirse en sede de la Presidencia regional. El Gobierno madrileño sostiene que el edificio trasciende las divisiones políticas y representa un símbolo de unidad ciudadana.
El conflicto entre el Gobierno de la Comunidad y el Ejecutivo central tiene varios frentes abiertos en los últimos meses. La decisión de la Audiencia Nacional suma un nuevo episodio a esa disputa, mientras la Comunidad de Madrid atiende también otros asuntos de gestión territorial, como la prevención de incendios forestales en más de 5.000 hectáreas antes del verano. Distintos organismos judiciales, incluida la propia Audiencia, siguen resolviendo casos con implicaciones sociales y económicas para los ciudadanos madrileños.
Es un edificio de 250 años de historia ubicado en la Puerta del Sol de Madrid, que desde hace 40 años es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Es una denominación prevista en la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno central, que designa lugares con relevancia para la memoria histórica del país.
Considera que el edificio ha sido resignificado como sede institucional durante cuatro décadas y que la declaración afecta negativamente a su imagen institucional, según reconoce la propia resolución de la Audiencia Nacional.
No. Es una medida cautelar mientras se resuelve el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comunidad de Madrid en octubre de 2025. La resolución final depende del fallo judicial sobre el fondo del asunto.
