La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado la aprobación de la nueva tasa de retribución financiera para las redes eléctricas en España, estableciendo un porcentaje del 6,58 % para el período comprendido entre 2026 y 2031. Esta decisión implica un incremento de 100 puntos básicos respecto a la tasa anterior, que se situaba en el 5,58 %, afectando a las actividades de transporte, operación del sistema y distribución de energía eléctrica en el país.
Este movimiento significativo en la regulación energética se enmarca en un marco que busca ofrecer mayor estabilidad y previsibilidad en un sector estratégico para la economía española y la transición energética. La extensión de la aplicación de esta tasa durante seis años la posiciona como una de las más prolongadas en el contexto de la Unión Europea, permitiendo que las empresas del sector planifiquen sus inversiones con mayor certidumbre.
La CNMC justificó la decisión asegurando que esta tasa “aporta certidumbre regulatoria, facilita la planificación de las inversiones y reduce la volatilidad”. Aunque las compañías eléctricas reclamaban una retribución superior al 7 %, el organismo regulador optó por un valor que, si bien menor, busca equilibrar las necesidades de inversión y sostenibilidad económica del sistema eléctrico.
El proceso que llevó a la aprobación de esta tasa se caracterizó por su carácter participativo y transparente. Se llevaron a cabo siete consultas públicas, cinco trámites de audiencia y diversas reuniones con empresas del sector, consumidores y otros agentes económicos. Además, el proceso contó con 69 debates en el consejo de la CNMC y la participación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuyos informes fueron requeridos en varias ocasiones para garantizar la legitimidad y rigor del proceso.
Por otra parte, la regulación también contempla mejoras en la metodología para la retribución de la actividad de distribución eléctrica, orientadas a promover una mayor eficiencia en las redes, incrementar la calidad del servicio, reducir pérdidas y fomentar la electrificación de la economía. En particular, la circular aprobada vincula la retribución a límites de inversión establecidos por el Gobierno, priorizando aquellas inversiones cuyo valor auditado no supere el 0,13 % del Producto Interior Bruto, y restringe el carácter sostenible solo a las inversiones relacionadas con la respuesta a la demanda y enmarcadas en los planes de inversión en redes eléctricas actualmente en tramitación.
Estas modificaciones, además, buscan equilibrar la inversión en infraestructura con la sostenibilidad económica del sistema, en un contexto marcado por los compromisos de descarbonización. La CNMC subrayó que el nuevo enfoque logra un equilibrio entre incentivar la inversión en redes eléctricas, maximizar su uso y mantener su sostenibilidad financiera.
El organismo también aprobó nuevas directrices para la retribución del transporte eléctrico, incluyendo valores específicos para inversión, operación y mantenimiento. Estas medidas forman parte de un paquete regulatorio que, además, cuenta con la incorporación de votos particulares del consejo de la CNMC, reflejo de las distintas perspectivas internas sobre el alcance y aplicación de las nuevas políticas.
La transparencia en el proceso de aprobación y la consideración de los dictámenes del Consejo de Estado han sido enfatizadas como aspectos clave, reafirmando el compromiso de la CNMC con una gestión regulatoria rigorosa y participativa. El marco regulatorio que se consolida con estas decisiones busca no solo garantizar el suministro eléctrico adecuado, sino también promover una transición energética que respete los equilibrios económicos y ambientales del país.
