La Audiencia Nacional ha decidido dejar en libertad a Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso, todos acusados en una presunta trama de corrupción que involucra delitos como prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Aunque la Fiscalía Anticorrupción no solicitó prisión provisional, se han impuesto medidas cautelares como la retirada de pasaportes, prohibición de salir del país y comparecencias cada 15 días. El magistrado Antonio Piña, del Juzgado Central de Instrucción 6, supervisa el caso que continúa bajo secreto de sumario, lo que ha impedido un mayor escrutinio público sobre las acusaciones. En la mañana del sábado, tras su comparecencia, los tres involucrados han dejado la Audiencia, con Díez partiendo de las instalaciones con el rostro cubierto y en un taxi.
Las investigaciones se centran en irregularidades relacionadas con contrataciones públicas, donde se sospecha que los implicados manipularon adjudicaciones valoradas en 132 millones de euros, utilizando su influencia para obtener beneficios económicos. Estas actividades supuestamente comenzaron tras la llegada al poder del PSOE en 2018. De particular interés son cinco operaciones ejecutadas entre 2021 y 2023, que habrían involucrado comisiones ilícitas. La Guardia Civil y la Unidad Central Operativa han realizado hasta 19 registros en diversas ubicaciones, incluyendo la sede de varias empresas y entidades públicas, para recabar pruebas de la posible red de corrupción. A pesar del secreto, la naturaleza y el número de registros destacan la magnitud del caso, que se encuentra en una etapa inicial de investigación según las autoridades judiciales.
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