El 3 de febrero de 2026, los seis diputados de Izquierda Unida presentaron un escrito en el Congreso de los Diputados dirigido al Ministerio del Interior, donde denuncian la intensificación de «confrontaciones físicas en espacios públicos, señalamientos institucionales y una peligrosa normalización de la violencia política». Este documento, dirigido al ministro Fernando Grande-Marlaska, exige acciones urgentes para proteger a los periodistas frente a «episodios de acoso, persecución y amenazas de muerte» perpetrados por grupos de extrema derecha.
En el texto, los diputados demandan que el Ministerio del Interior aclare si ha iniciado investigaciones para identificar a los autores de estos ataques y si ha trasladado a la Fiscalía la importancia de tomar medidas inmediatas para proteger a los comunicadores. La solicitud se enmarca en un contexto de escalada de amenazas y campañas de odio dirigidas a periodistas, situaciones que, según la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), requieren una respuesta urgente por parte de las instituciones.
Los firmantes del escrito —Enrique Santiago, Toni Valero, Francisco Sierra, Engracia Rivera, Nahuel González y Félix Alonso— sostienen que esta «creciente ola de acoso y violencia» representa una amenaza directa contra la libertad de prensa. Subrayan que estos ataques sistemáticos, alimentados por grupos de extrema derecha, han pasado de ser tácticas marginales a convertirse en estrategias organizadas que buscan silenciar voces críticas y controlar el relato informativo.
Además, el fenómeno no se limita al ámbito digital, donde predominaban los insultos y las amenazas, sino que se ha trasladado a confrontaciones físicas en espacios públicos y señalamientos desde instituciones, afectando no solo a periodistas, sino también a activistas y defensores de derechos humanos. Según el documento, esta tendencia creciente coincide con el ascenso electoral del partido de extrema derecha Vox, el cual ha ganado representación en el Congreso y en diversas instituciones locales y autonómicas.
Los diputados advierten que este tipo de violencia no se circunscribe a España ni se limita a figuras públicas, afectando también a reporteros locales y colaboradores de medios digitales. Resaltan que estas agresiones son parte de una ofensiva más amplia contra los derechos humanos, extendiéndose a activistas LGTBIQ+ y del movimiento feminista.
Izquierda Unida demanda acciones contundentes para frenar esta espiral de violencia política que, sostienen, representa no solo un ataque a la profesión periodística, sino también una amenaza al libre ejercicio de la democracia.
Fuente: SPM – Sindicato Periodísticas de Madrid
