La Guardia Civil ha desmantelado una red dedicada a la realización de tratamientos estéticos no autorizados en la provincia de Valencia, en el marco de la operación denominada “Zubar”. La investigación se inició tras una denuncia presentada en marzo por una profesional del sector sanitario, alertando sobre la realización de procedimientos sin control sanitario en una peluquería de Sueca, sin la debida habilitación y en algunos casos, en domicilios particulares.
Durante la investigación, los agentes detectaron que una mujer de 36 años, que se presentaba como doctora, llevaba a cabo diversos procedimientos estéticos en distintos centros de la provincia. Entre los tratamientos realizados se encontraban aplicaciones de aumento de labios y pómulos, rinomodelación e infiltraciones de toxina botulínica, entre otros. Además, a través de sus perfiles en redes sociales, difundía imágenes y promociones de los abordajes realizados, lo que facilitó a los investigadores localizar los lugares donde operaba.
Se comprobó que la sospechosa contaba con una titulación en odontología por una universidad privada, pero no tenía autorización para ejercer como especialista en medicina estética, actividad reservada únicamente a los médicos con capacitación específica. La colaboración con las autoridades sanitarias reveló que los centros donde se realizaban los tratamientos carecían de las licencias y permisos correspondientes emitidos por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. La falta de permisos administrativos, así como la carencia de medidas básicas para garantizar la seguridad y la trazabilidad de los productos utilizados, ponen en duda la higiene y legalidad de los procedimientos.
Testimonios de varias clientes así como documentación recopilada evidencian que esta persona realizó al menos 80 tratamientos en diferentes centros, con un total de más de 180 inyecciones de toxina botulínica y ácido hialurónico en la zona del tercio superior del rostro. Algunas de estas intervenciones se llevaron a cabo en domicilios particulares, sin los controles sanitarios adecuados. La documentación, firmada por la misma investigada, respalda la cifra, que demuestra la magnitud de la actividad ilícita.
Una de las principales preocupaciones es que muchos de los centros no disponían de instalaciones adecuadas, como sistemas de refrigeración para mantener los productos de forma segura, ni medios para la gestión de residuos biológicos, lo que incrementa el riesgo para los pacientes. La adquisición de los productos también se realizó de manera ilegal, sin garantías de origen ni control de calidad, lo que aumenta la peligrosidad de la actividad.
Por estos motivos, la Guardia Civil ha imputado a la investigada por delitos de intrusismo profesional, contra la salud pública, debido a la administración de medicamentos sin las debidas autorizaciones, y falsedad documental. La operación continúa en curso, y las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca.
Es importante recordar a la población que los tratamientos estéticos deben ser realizados únicamente por profesionales cualificados y autorizados, para evitar riesgos graves para la salud o incluso la pérdida de la vida. La adquisición de productos y la realización de procedimientos en lugares no habilitados puede tener consecuencias irreversibles.
Para más información, la Guardia Civil ha habilitado una línea de contacto y ha compartido imágenes relacionadas con la operación, disponibles en su portal oficial, con el fin de prevenir y sensibilizar a la ciudadanía sobre los peligros de acudir a profesionales no autorizados en este ámbito.
Fuente: Ministerio del Interior
