El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la licitación de un importante contrato destinado a garantizar la vigilancia y seguridad del patrimonio inmobiliario de la Agencia de Vivienda Social (AVS). Esta medida abarca más de 50,000 inmuebles y representa una inversión significativa de 11,2 millones de euros.
El contrato, con un plazo inicial de ejecución de dos años, tiene la posibilidad de ser prorrogado hasta 2030, lo que subraya el compromiso a largo plazo con la protección y el mantenimiento de estos activos esenciales. Esta iniciativa busca no solo salvaguardar el patrimonio actual, sino también asegurar un entorno seguro y controlado para los residentes.
La decisión llega en un momento en el que la seguridad del patrimonio inmobiliario se considera una prioridad creciente, y se espera que la licitación atraiga a múltiples empresas especializadas en servicios de vigilancia y seguridad. La ejecución del contrato contempla el despliegue de tecnologías avanzadas y personal capacitado para ofrecer un servicio integral.
Este paso por parte del Consejo de Gobierno refuerza su dedicación a la preservación del patrimonio público y al bienestar de los ciudadanos, destacando la importancia de contar con infraestructuras bien protegidas y seguras. Los siguientes pasos implican la apertura del proceso de licitación y la selección cuidadosa de los proveedores que cumplirán con los estándares exigidos.
