En un ambiente cargado de propuestas legislativas que buscan restringir el acceso de los jóvenes a las redes sociales en al menos una docena de estados de Estados Unidos, una resistencia judicial se alza con fuerza. Las propuestas, que exigen el consentimiento parental para que los menores usen estas plataformas, han sido mayormente declaradas inconstitucionales por los tribunales de primera instancia.
A la vanguardia de esta resistencia se encuentra la Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización que aboga por los derechos digitales. La EFF ha sostenido que tales leyes infringen el derecho a la libertad de expresión de los jóvenes, un derecho protegido por la Primera Enmienda de la Constitución, que igualmente se extiende a los adultos. Los jóvenes, dicen, siempre han gozado de estos derechos, y la revolución digital solo ha potenciado su capacidad para expresarse, organizarse y participar en debates de relevancia social.
El marco legal propuesto en varios estados exige a las plataformas de redes sociales verificar la edad de todos sus usuarios, condicionando el acceso de los menores a una autorización parental, o en algunos casos, prohibiéndolo completamente. A lo largo de 2025, la EFF ha interpuesto desafíos legales en estados como California, Florida, Georgia, Mississippi, Ohio, Utah, Texas y Tennessee, argumentando que dichas legislaciones no solo comprometen derechos de los menores, sino que imponen restricciones injustas a los adultos.
El Tribunal Supremo de EE. UU. ha anulado sistemáticamente esfuerzos legislativos que buscan limitar la libertad de expresión juvenil o que imponen requisitos de permisos parentales. La EFF ha criticado las leyes extremas que prohíben el acceso de los menores a redes sociales, señalando que no reflejan los riesgos reales y sugiriendo que los legisladores deberían, en cambio, desarrollar leyes que fortalezcan la privacidad en línea sin recurrir a la censura.
Los sistemas exigidos para la verificación de edad presentan problemas adicionales: pueden limitar el acceso a personas sin documentación adecuada y exponen a los usuarios a sistemas biométricos con potenciales sesgos. La EFF alerta acerca del peligro que representan estas medidas para la expresión anónima en Internet, una forma de expresión protegida constitucionalmente.
Además, el requisito de facilitar información personal sensible plantea serios riesgos en términos de privacidad y seguridad. Estas legislaciones obligan a las redes sociales a recopilar más datos, especialmente de menores, aumentando la susceptibilidad a violaciones de seguridad, incluyendo el robo de identidad.
Con su compromiso inquebrantable, la EFF continúa defendiendo con determinación el acceso de menores y adultos a la red y su derecho a la libertad de expresión y organización en el mundo digital.
