En un inquietante ejemplo de la aplicación errónea de la tecnología en el ámbito policial, los lectores automáticos de matrículas (ALPR) han sido protagonistas de una serie de detenciones indebidas que han puesto en tela de juicio su eficacia y fiabilidad. La alarmante eficacia de estos dispositivos ha llevado a situaciones como la vivida por Brittney Gilliam en Aurora, Colorado. En agosto de 2020, Gilliam, acompañada de su familia, fue detenida a punta de pistola por agentes de policía bajo la sospecha de circular en un vehículo robado. Todo se debió a un error en el sistema que confundió la matrícula de su SUV con la de una motocicleta robada en Montana.
El caso de Gilliam no es aislado. En San Francisco, Denise Green también enfrentó un error similar en 2009, cuando fue detenida por la policía debido a un fallo en la lectura de su matrícula que cambió un simple número. Ambos episodios tienen algo en común: las víctimas eran mujeres afroamericanas, lo que subraya las preocupaciones sobre cómo estas herramientas tecnológicas pueden intensificar las desigualdades existentes en el sistema de justicia penal.
Los errores en la lectura de matrículas por parte de estos dispositivos no son casos excepcionales. Un estudio reciente revela que uno de cada diez vehículos es malinterpretado por los ALPR, lo que ha resultado en un preocupante número de detenciones incorrectas. En Atherton, California, Jason Burkleo fue detenido en su camino al trabajo; oficiales armados le ordenaron tirarse al suelo debido a una mala lectura de su matrícula. Asimismo, en Española, Nuevo México, Jaclynn Gonzales vivió una experiencia similar.
La falta de actualización de las bases de datos de los ALPR también ha ocasionado detenciones erradas. En Contra Costa, la policía detuvo a Brian Hofer basado en información desactualizada de un vehículo ya recuperado. Esta confianza excesiva en los ALPR por parte de las fuerzas del orden está propiciando arrestos sin una adecuada verificación. En Detroit, una mujer fue detenida debido a la coincidencia de una matrícula similar a la de un vehículo involucrado en un tiroteo, a pesar de que su coche estaba lejos del lugar y no coincidía con otras características del caso.
No solo se trata de errores operativos. Existen indicios de oficiales que han hecho un uso indebido de las bases de datos de ALPR para obtener información personal con fines propios, como el acoso. Estos abusos han desencadenado un incremento en las demandas por detenciones erróneas, con ciudades como Aurora y San Francisco desembolsando millones en indemnizaciones para resolver estos litigios.
La creciente preocupación en torno al papel de los ALPR en el sistema de justicia ha llevado a cuestionar su impacto real en la seguridad pública. Mientras se consiguen avances aparentes en la lucha contra el crimen, el costo de las detenciones erróneas y el temor generado desdibujan los beneficios que estas tecnologías prometen. Desde 2012, diversos grupos han abogado por una revisión crítica de las tecnologías ALPR, enfatizando la importancia de la privacidad y seguridad para los ciudadanos. La urgente necesidad de abordar estos problemas es crítica para restaurar la confianza de la comunidad en las instituciones de justicia.
