El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) se enfrenta a una significativa reestructuración tras la salida de dos de sus altos dirigentes: Ángel Delgado Bernaldo de Quirós y Manuel Montesinos Díez de Lastra, quienes han dimitido aparentemente por voluntad propia para asumir nuevos roles dentro de Aduanas. Esta decisión coincide con una serie de denuncias presentadas por la UGT, que cuestionan la gestión de la dirección adjunta de Vigilancia Aduanera en la adjudicación de contratos, especialmente por las fallas en embarcaciones modernas como la patrullera Cóndor. Aunque la Agencia Estatal de Administración Tributaria desvincula estas renuncias de las polémicas con UGT, el contexto no ha pasado desapercibido para el ámbito mediático y sindical.
La preocupación por la seguridad del personal sigue siendo un tema candente, centrado en la presencia de amianto en embarcaciones antiguas como el Petrel I. La UGT ha criticado duramente las medidas tomadas por Aduanas, alegando que el desamiantado realizado fue superficial y siguen presentando riesgos para los trabajadores. Aunque la Agencia Tributaria asegura que las inspecciones y reformas minimizan cualquier peligro, los sindicatos persisten en sus acusaciones, llevando el caso a los tribunales. La falta de claridad sobre la cantidad de amianto retirado alimenta las teorías de ocultación deliberada, dejando un escenario de tensión en el que el SVA busca recuperar estabilidad administrativa y operativa.
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