

El Plan de Control Tributario 2026, recientemente publicado en el Boletín Oficial del Estado, marca un giro importante en la estrategia de la Agencia Tributaria de España para fortalecer la vigilancia fiscal en diversos sectores clave. Con un enfoque dirigido a prevenir la evasión y garantizar una mayor transparencia en las transacciones económicas, las nuevas medidas apuntan a una fiscalización más minuciosa en áreas como el sector inmobiliario, los influencers, el comercio aduanero y las estructuras societarias.
Uno de los focos principales será el sector inmobiliario, donde se busca reducir la sospecha de fraudes relacionados con la declaración de ingresos y la valoración de propiedades. La agencia intensificará la revisión de escrituras y contratos para verificar que los precios reflejados en las transacciones sean los reales. Este control busca frenar la infradeclaración y evitar la reducción artificial del importe declarado en compraventas y alquileres, con especial atención en operaciones entre entidades vinculadas o estructuras societarias complejas. Además, se llevará un seguimiento exhaustivo de los costes asociados a promociones, rehabilitaciones y transmisiones sucesivas, además de vigilar prácticas de subcontrataciones abusivas y gastos financieros considerados riesgosos.
El objetivo no solo radica en detectar posibles fraudes en los precios de compra o alquiler, sino también en asegurar que todos los flujos económicos involucrados en estas operaciones estén debidamente declarados en las autoliquidaciones fiscales. La supervisión cubrirá todas las fases de la actividad inmobiliaria, desde la promoción hasta la intermediación, con el fin de incrementar la transparencia y reducir la evasión fiscal.
En relación con el comercio aduanero, las autoridades fortalecerán los controles para identificar irregularidades en la circulación de mercancías, revisando especialmente los costes y las declaraciones de valor. La vigilancia también alcanzará a la actividad de los influencers y creadores de contenido digital, donde se procederá a revisar las declaraciones de ingresos procedentes de plataformas digitales y redes sociales, buscando prevenir la elusión de impuestos en ingresos generados por esta actividad en auge.
Otra línea de acción será la supervisión de las estructuras empresariales y patrimoniales vinculadas al sector inmobiliario, con énfasis en operaciones complejas, como promociones, rehabilitaciones y transmisiones que puedan utilizarse para reducir la carga tributaria de manera fraudulenta. El control se enfocará en detectar esquemas y esquemas societarios diseñados para eludir impuestos, con un seguimiento individualizado de las estructuras que puedan estar siendo utilizadas con fines ilícitos.
En el ámbito de los arrendamientos, la Agencia Tributaria pretende comprobar la correcta declaración de rentas, prestando especial atención a las plataformas digitales de gestión de alquileres. Además, el plan incluye un control específico sobre las operaciones de intermediación inmobiliaria, asegurando que las comisiones y los beneficios derivados queden claramente reflejados en las declaraciones fiscales de los involucrados.
Con estas medidas, el Gobierno busca no solo incrementar la recaudación, sino también promover una mayor equidad fiscal y transparencia en el mercado. La estrategia evidencia la intención de las autoridades de cerrar los espacios donde se puedan presentar maniobras de evasión, fortaleciendo la supervisión activa y el análisis constante del comportamiento económico en sectores prioritarios. La implementación rigurosa de estas acciones será vital para garantizar una fiscalidad más justa y efectiva en los próximos años.
