La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha enviado al juez de la Audiencia Nacional un informe que sugiere posibles irregularidades en la adjudicación de 11 contratos de obra pública durante la gestión de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. El documento, que ha sido analizado por EL PAÍS, revisa las licitaciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la Dirección General de Carreteras entre 2018 y 2021. En el centro de la controversia se encuentran alegaciones de prácticas amañadas que habrían incluido el pago de sobornos, con Ábalos, su exasesor Koldo García y Santos Cerdán, número tres del PSOE, como presuntos involucrados. Las irregularidades detectadas sugieren un patrón de sobrecostes y la manipulación de criterios evaluables como juicios de valor durante las licitaciones, permitiendo que empresas menos competitivas superaran a las más económicas, una situación que también ha sido destacada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en investigaciones previas.
El informe también examina la acelerada aprobación de ciertos expedientes, como el soterramiento de las vías de tren en Murcia, validado rápidamente tras la llegada de Ábalos al ministerio. Además, detecta supuestas irregularidades post-adjudicación en varios proyectos, donde modificaciones no permitidas por la normativa incrementaron los costos originales. Uno de los casos más emblemáticos es el de la ampliación del Puente del Centenario en Sevilla, donde se observó un sobrecoste significativo debido a la sobreestimación del precio del acero. Aunque Ábalos y su exasesor presuntamente buscaban beneficiarse con mordidas que alcanzarían los 450,000 euros, Cerdán ha negado cualquier irregularidad, argumentando que su interés en el proyecto tenía como objetivo favorecer la campaña electoral en Sevilla. Estos hallazgos subrayan la complejidad y envergadura de la investigación que ahora tiene en sus manos la Audiencia Nacional.
Leer noticia completa en El Pais.
